Recientemente tuvo lugar en Ottawa una reunión entre el Departamento de Asuntos Extranjeros y Comercio Internacional (DFAIT) y representaciones de la sociedad civil canadiense interesadas en el caso de Cuba.

Candidatos a emigrar aguardan frente a la embajada de España en La Habana.

Llamó la atención, en el escueto informe oficial, que una de las prohibiciones señaladas como violatorias de los derechos humanos en la Isla fue la de la libertad de movimiento.

Los asistentes a la reunión no podían imaginar el complicado entramado que esconde la simple palabra "movimiento" —movement, en inglés—, excepto los cubanos presentes. Incluso, haber vivido en Cuba no garantiza que se conozcan en su totalidad las regulaciones migratorias aplicadas a los nacionales, bien para salir de la Isla, bien para entrar en ella. Conforman una madeja que pocas personas logran desenmarañar.

Los residentes en Cuba sólo conocen de los casos vinculados a ellos mismos, porque las llamadas "regulaciones" no han sido publicadas para conocimiento de la ciudadanía en general y algunas son tan viejas que se remontan a la época del Ministerio de Bienes Malversados. De esta manera, nadie reclama: todos suponen y dan por hecho. Algunos se sorprenden de las represiones a que están sometidos cuando deciden, por ejemplo, visitar a una tía enferma en Estados Unidos o España, acompañados del hijo de cuatro años que la anciana no conoce. O cuando acceden a una invitación extendida por unos colegas suecos, que incluye a su pareja. A los menores de 16 años no les está permitido viajar con sus padres bajo condiciones temporales —sólo de manera definitiva—, y a los cónyuges tampoco.

No existe enredo mayor que las regulaciones migratorias criollas, las cuales, además, no son tan regulares: se aplican según el caso. Tampoco ordenan los flujos migratorios, porque cada vez son más los cubanos que deciden cruzar el Golfo de México en cualquier tipo de embarcación. El Gobierno de Fidel Castro mezcla edades, define si la salida es parcial, total o indefinida, si se viaja solo o acompañado. Los profesionales son otro problema: para obtener permiso de salida necesitan, a su vez, de un permiso del Ministerio donde desenvuelven sus actividades. Un ministro a quien apenas han visto alguna vez en el periódico tiene la potestad de prohibirles, o consentirles, que visiten a alguno de sus familiares en el exterior. Sin contar que al denominado "personal de salud" —léase médicos, enfermeras y técnicos— no le está permitido viajar. A los profesionales de la medicina que salen a trabajar por orientación del Gobierno —incluso durante años— a Haití, Guatemala o Sudáfrica, no les está permitido acompañarse por sus familiares, y los que logran llevar consigo a sus hijos deben hacerlos regresar cuando cumplen los 15 años. Si, por otro lado, establecen familias con extranjeros, pueden crearse gravísimas complicaciones diplomáticas.

Claro que las regulaciones no son para todos por igual. Si se tiene un buen amigo en el Ministerio del Interior, o se es "hijo de papá" —denominación popular que identifica a los hijos de altos dirigentes—, o el ciudadano dispuesto a viajar es una personalidad de las artes o las ciencias —sobre todo si es reconocida internacionalmente y ha dado "pruebas" de su lealtad— no debe haber problema: se viaja con cónyuge e hijos y se renueva el PRE (Permiso de Residencia en el Exterior) sin dificultades.

Los permisos de entrada, por su parte, tienen en cuenta el tipo de organización a la cual se pertenezca en el extranjero, el nivel de crítica contra el régimen que se haya ejercido fuera y la influencia "enemiga" que pueda desplegar sobre el público de la Isla el visitante. Si se trata de residentes queriendo visitar su país, pero que han integrado alguna organización anticastrista beligerante, se les define rápidamente la situación: no pueden entrar. Existen, además, innumerables categorías de exiliados: políticos, económicos, de antes del 59, de las décadas del sesenta, setenta o noventa, con salidas legales o ilegales. De acuerdo con todo ello, para ir a Cuba deberán esperar un año o cinco, tendrán derecho a esto o a lo otro, presentarán éste pasaporte o aquél.

El hilo conductor de esta madeja —represión aparte— son los negocios del Gobierno con los trámites migratorios, más baratos para extranjeros que para cubanos. Se calcula que entre pasaporte, permisos, certificados, etcétera, un cubano gasta cerca de 300 dólares por persona, y a veces más según el caso. Las autoridades perciben una entrada aproximada de 70 millones anuales en moneda fuerte.

Un alto funcionario de La Habana ha dicho que, de cara a la tercera edición de la reunión "La Nación y la Emigración", el Gobierno está "estudiando" el levantamiento de algunas de las restricciones (no de todas, porque "los cubanos pueden salir libremente de su país, cuando lo desean..."). En fin, que en 2004 quizás el DFAIT canadiense tenga que referirse, de nuevo, a la falta de libertad de movimiento en la Isla: la madeja migratoria tiene más de cuatro décadas y el régimen de Fidel Castro no la quiere desenredar.