www.cubaencuentro.com Viernes, 28 de octubre de 2005

 
  Parte 1/5
 
Dos procesos judiciales: un mismo autor
Documento redactado por el preso político Arnaldo Ramos Lauzurique, en el que compara las condiciones de los disidentes encarcelados con las de los cinco espías cubanos condenados en Estados Unidos.
 

En la nota oficial del gobierno cubano que dio inicio a las detenciones de los días 18 y 19 de marzo de 2003, ya en su segundo párrafo se trae a colación el caso de los cinco espías sancionados en Estados Unidos, por lo cual, desde su inicio hay establecida una ligazón.

A. Ramos

En realidad, la misma autoridad que los ordenó espiar, fue la que nos encarceló, pretendiendo convencer de lo injusto de las sanciones en el caso de los cinco y justificar las nuestras como medidas defensivas de una nación amenazada.

Que hayan sido 75 personas exactamente los detenidos no parece casual, teniendo en cuenta la tendencia de Fidel Castro de sacar cuentas de bodeguero. Con ello, probablemente quiso decir que cada uno de los cinco espías vale por quince de nosotros. Sólo que la opinión pública mundial y muchos gobiernos que utilizan técnicas de valoración menos primarias no han coincidido con él.

Lo que parece esconderse detrás de las 75 detenciones

Es indiscutible que no era sólo la actividad de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en Cuba (SINA) lo que le preocupaba al gobierno cubano, sino también que ya existía una oposición pacífica interna con fuerza y bastante nutrida, representada en numerosas organizaciones que habían ido agrupándose en torno a objetivos definidos. En particular, resaltaban las agrupaciones Todos Unidos, que apoyaba el Proyecto Várela y sus más de 11 mil firmas en todo el país, y la Asamblea para Promover la Sociedad Civil, constituida por 365 organizaciones con más de 20 mil miembros y simpatizantes declarados.

Todo ello con el agravante —para el régimen— de que en las semanas anteriores a la detención se estaba produciendo una coordinación de acciones entre las dos agrupaciones, que incluía el rechazo al ingreso de Cuba en el Acuerdo de Cotonou; un ayuno en reclamo a la puesta en libertad de Oscar Elías Biscet y el resto de los presos políticos, así como la recogida de firmas para exigir el mejoramiento de las condiciones de reclusión de toda la población penal.

En esas circunstancias, las detenciones parecían perseguir varios objetivos:

a) Enviar un claro mensaje al gobierno de Estados unidos de que no iban a permitir más contactos de la SINA con la disidencia interna.

b) Quitar de circulación una parte de los disidentes y periodistas independientes más connotados.

c) Amedrentar a los opositores que no habían sido detenidos, y quienes obviamente podían interpretar que los delitos imputados a los 75 podían fácilmente adjudicárseles a cientos de disidentes más.

d) Ahondar la brecha abierta entre Estados Unidos y la Unión Europea en relación con la política sobre Irak, teniendo en cuenta que la mayoría de la disidencia se había pronunciado en contra de la inminente aprobación de la inclusión de Cuba en el Acuerdo de Cotonou.

Ese accionar se vería favorecido por el conflicto a punto de desencadenarse en Irak, que focalizaría la atención mundial.

Toda la algarabía del régimen y la prensa cubana presuponía que el conflicto se extendería y que los norteamericanos se empantanarían en Irak, desviando la atención del mundo hacia allí por un tiempo prolongado. No imaginaron que duraría apenas tres semanas.

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