Ninguna de las más de 400 entidades registradas por la Oficina de Estadística Social del Instituto de Economistas Independientes de Cuba, ni las 365 que conformaban la Asamblea para promover la Sociedad Civil tiene entre sus objetivos (declarados en planillas llenadas al efecto) tesis anexionista alguna. Tampoco se conoce de ninguna otra organización opositora en Cuba o en el exilio que tenga una propuesta de ese tipo.

El gobierno acusó a Estados Unidos, por intermedio del jefe de la SINA, James Cason, de organizar una conspiración. Y sin embargo, no actuó contra el señor Cason, sino contra 75 opositores pacíficos. Las peticiones fiscales estaban llenas de generalidades, con escasos cargos concretos contra los acusados. Se puso al descubierto la utilización de agentes para espiar a grupos opositores pacíficos, algo repudiable en el mundo. No hay que olvidar que un caso similar en Estados Unidos, el de Watergate, le costó la presidencia a Richard Nixon.

Estos "espías" fueron instruidos de cometer los mismos supuestos delitos por los cuales nos acusaron y condenaron. En ninguno de los juicios los "espías", puestos en función de testigos, pudieron probar que recibíamos dinero ni instrucciones de la SINA, ni de ninguna institución del gobierno de Estados Unidos. Contra la mayoría de los acusados fue estrenada la Ley 88, creada en febrero de 1999, precisamente para tipificar como delito toda denuncia a los desmanes del régimen. Por ello, desde su puesta en vigor, justamente se le denominó Ley Mordaza.

En ningún caso se probó el recibo de dinero por parte del gobierno de Estados Unidos, a través o no de la SINA. Como pruebas se usaron computadoras, faxes y otros equipos y materiales adquiridos en el país por entidades estatales cubanas. No se probó ninguna conspiración del gobierno de Estados Unidos en la cual estuviéramos implicados.

II- El juicio

En el caso de los cinco espías transcurrieron 33 meses entre el arresto y el juicio. Este último duró aproximadamente seis meses, entre diciembre de 2000 y junio de 2001. Todos tuvieron abogados y pudieron contactar ampliamente con ellos. Igualmente, tuvieron acceso a la documentación legal. Fernando González se quejaba de que se la quitaron cuando lo confinaron (Juventud Rebelde, 13.04.03).

En el caso nuestro (de los 75), los arrestos se produjeron entre el 18 y 20 de marzo y los juicios se celebraron el 3, 4, 5 y 7 de abril, transcurriendo 20 días entre el primer arresto y el último juicio. En mi caso particular, fui arrestado el 19 de marzo y el juicio se efectuó el 3 de abril (15 días).

Según tengo conocimiento, el juicio que más duró fue de unas ocho horas. El mío, donde también eran acusados Martha Beatriz Roque, Nelson Molinet, Adolfo Fernández Saínz, Nelson Aguiar y Mijaíl Barzaga duró cerca de cuatro horas. El único documento al que tuvimos acceso fue la petición fiscal, que en mi caso incluía a las cinco personas antes mencionadas. Las acusaciones relativas a mí ocupaban menos de una página.

Una semana antes del juicio aún yo no tenía abogado y desconozco con qué antelación al juicio se resolvió ese asunto. Sólo pude tener una conversación de cinco minutos, instantes antes del juicio con la abogada, Dra. Amelia Rodríguez. Igual sucedió con el resto de los acusados en mi causa.