www.cubaencuentro.com Viernes, 28 de octubre de 2005

 
  Parte 2/6
 
Proyecto Varela
Petición que reclama un referéndum para aprobar mayores libertades civiles, una amnistía para los presos políticos y la elaboración de una nueva ley electoral en Cuba, promovida por Oswaldo Payá, presidente del opositor Movimiento Cristiano Liberación, avalada por la firma de 11.020 ciudadanos y presentada a la Asamblea Nacional del Poder Popular en La Habana en mayo de 2002.
 

Además de un derecho es una necesidad que en la sociedad existan organizaciones independientes, ya sean de carácter temporal o permanente, para que los ciudadanos defiendan sus intereses, para participar en las decisiones del Estado y en todo quehacer social aportando sus esfuerzos e iniciativas en todos los campos. El pluralismo no se impone por decreto, pero debe respetarse y ser garantizado por la ley, porque es una realidad el que no todos piensan igual acerca de todo ni en lo particular, y es un derecho de las personas el asociarse y expresarse, según sus ideas e intereses, sin que nadie por sus propias ideas o por cualquier condición pueda anular este derecho en los demás. Si la ley garantizara la libre asociación y expresión, se ajustaría más a la Constitución, se reconocería el hecho de la diversidad de opiniones presentes en la sociedad, se abrirían los espacios a la crítica, se potenciaría la creatividad, el diálogo, una democracia más participativa, el ejercicio de la soberanía popular y por lo tanto se fortalecen las bases de la Independencia Nacional.

La amnistía

La existencia en nuestro país de encarcelados por motivos políticos obedece tanto a hechos en los que las personas involucradas violaron la ley, como abusos de poder, arbitrariedades y también a violaciones de la ley por parte de las autoridades. Muchos han sido detenidos por practicar Derechos Humanos que las leyes actuales no reconocen. Este paso no es una revisión, es un paso de renovación de toda la sociedad, que toma conciencia de esta necesidad. La reconciliación tampoco debe darse por decreto pero, si es deseada por nuestro pueblo y éste así lo señala en el Referendo, aprobando la Amnistía, abriría, por este acto de perdón y justicia, una nueva etapa para una comunidad que quiere superar todo lo negativo del pasado y darse a sí misma la oportunidad de renacer. Si los cubanos ahora no podemos ponernos de acuerdo acerca del pasado, sí debemos ponernos de acuerdo sobre el futuro, para que éste sea de paz, fraternidad y libertad, por el bien de nuestros hijos.

El derecho de los cubanos a formar empresas

Con la aprobación de esta propuesta se logra una mayor participación de los ciudadanos en la tarea de satisfacer las necesidades de bienes y servicios de la población, liberándose las capacidades humanas para trabajar por la elevación del nivel y calidad de vida, la independencia de las personas y las familias y contribuir al desarrollo de la nación.

El ejercicio de este derecho dentro de las regulaciones que marque la ley en aras del bien común será un factor determinante en la superación de la inseguridad y la inestabilidad en la actividad económica de los ciudadanos y eliminará en gran medida las malversaciones, las apropiaciones indebidas y robos, la corrupción de empleados y funcionarios, los privilegios por abuso de poder, el parasitismo, la especulación y muchas de las causas de las diferencias, hasta ahora insalvables, entre el trabajador que trata de sobrevivir con una salario y aquel que por la especulación o posición de autoridad se da un nivel de vida económicamente muy superior. Esta apertura será un estímulo para dejar atrás la improductividad, las negligencias tan costosas, el desempleo en todas sus formas y la pobreza en que van hundiéndose cada vez más cubanos al quedar sin opciones o con un salario de muy poco valor real.

Esta pobreza y la falta de opciones es una de las causas del deseo de emigrar de muchos cubanos, fenómeno que trae tantos desajustes a la familia cubana. A partir de aquí la moneda, y con ello el salario de los trabajadores, comenzarían a tomar su justo valor.

La satisfacción de las necesidades de consumo del pueblo y el control y la propiedad democrática por los trabajadores de los medios de producción, no se reducen a la propiedad estatal, que es una y no la única forma de propiedad social. Las largas etapas de escasez, ineficiencia y precariedad que hemos vivido demuestran que es necesario una apertura a la participación ciudadana en la actividad económica, en la gestión y la propiedad. Esta apertura tiene que garantizar el derecho de los cubanos a formar empresas privadas tanto de propiedad individual como cooperativa, así como empresas mixtas entre trabajadores y el Estado. ¿Será esto más difícil de lograr como derecho para los cubanos, y entre cubanos, que lo que ha sido conceder a empresas extranjeras el derecho no sólo a participar sino a tener, en algunos casos, la propiedad total de una empresa, tal y como lo hace la ley que regula las inversiones extranjeras?

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