22. Por otra parte, durante el período que se examina, el Gobierno de Cuba respondió a una carta de transmisión de denuncia que le habían enviado el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura y Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental el 16 de septiembre de 2004 respecto de la situación de varios detenidos. Cuba cooperó también con el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, quien el 22 de septiembre de 2004 le había enviado una carta de transmisión de denuncias sobre las limitaciones al acceso y uso de Internet en el país y la situación de dos detenidos.

III. Motivos de preocupación

23. El primer motivo de preocupación es la detención, en los meses de marzo y abril de 2003, de unas 80 personas respecto de las cuales el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria consideró, en su opinión 9/2003, que habían sido detenidas arbitrariamente y en contravención de lo dispuesto en los artículos 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (véase E/CN.4/2004/3/Add.1). Esas personas fueron detenidas mientras ejercían sus actividades de periodistas, escritores, miembros de asociaciones, defensores de los derechos humanos o miembros de partidos políticos y de sindicatos de oposición.

24. La mayoría de las personas detenidas apoyan el Proyecto Varela, que trata de reunir firmas para organizar un referéndum sobre la modificación del sistema electoral y la promoción de otras reformas legislativas.

25. Los cargos presentados contra algunos de los detenidos se basan exclusivamente en el artículo 91 del Código Penal, que castiga los actos contra la independencia o la integridad del Estado. Otros detenidos están acusados con arreglo a ese mismo artículo y a la Ley Nº 88 (Ley de protección de la independencia nacional y la economía de Cuba).

26. Varios de los detenidos están acusados de actos tales como recibir fondos de países extranjeros o haber ejercido actividades que el Estado considera subversivas; haber concedido entrevistas a Radio Martí, emisora radicada en los Estados Unidos; haberse comunicado con organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos; poseer material de radio o de vídeo; y haber participado en sindicatos, asociaciones o academias consideradas "contrarrevolucionarias".

27. Los detenidos fueron juzgados en plazos muy breves, a veces en unos pocos días, por lo que no dispusieron de tiempo suficiente para preparar su defensa. No se permitió la asistencia a los procesos de ningún abogado independiente, diplomático o periodista extranjero. Se impusieron penas de entre 6 y 28 años de prisión.

28. Por otra parte, en 2004 se registraron nuevas detenciones y condenas de personas que manifestaban opiniones políticas disidentes.

29. Periodistas y militantes que propugnaban el Proyecto Varela recibieron amenazas y fueron objeto de intimidaciones acompañadas de confiscaciones de material por parte de agentes de seguridad del Estado.

30. En octubre de 2004 se expulsó de Cuba a tres diputados europeos que habían llegado al país para demostrar su solidaridad con los militantes de la oposición.

31. Por último, la Representante Personal de la Alta Comisionada está alarmada por las denuncias de malos tratos durante la detención presentadas por las familias de los detenidos.  La alimentación y la higiene dejan que desear y la atención médica, si se presta, no es adecuada.  Se mantiene a algunos detenidos en aislamiento total mientas que otros deben vivir en condiciones de promiscuidad peligrosa con condenados por delitos comunes. Se ha denunciado en diversas ocasiones que los guardianes humillan e incluso golpean a los detenidos. Las familias tienen muchas dificultades para visitar a sus parientes encarcelados, a menudo alojados lejos de sus domicilios.

32. Varios detenidos han hecho huelgas de hambre muy extenuantes.

IV. Conclusiones

33. En el período abarcado por el presente informe se recrudecieron las dificultades vinculadas al embargo. De todas maneras, el Gobierno de Cuba ha hecho un esfuerzo al poner en libertad a 18 presos por razones humanitarias.

34. Sin embargo, estas medidas no ponen fin al episodio represivo que comenzó en 2003 ni representan una mejora de la situación de los derechos civiles y políticos en Cuba. Según la opinión Nº 9/2003 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria,61 personas siguen detenidas arbitrariamente.

35. Asimismo, la Representante Personal de la Alta Comisionada estima que el sufrimiento padecido por el pueblo cubano como consecuencia del embargo se ve agravado por las restricciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales que las autoridades cubanas están en condiciones de levantar. La Representante Personal de la Alta Comisionada presenta sus recomendaciones a fin de lograr los avances previstos en las mencionadas resoluciones, así como de mantener los esfuerzos desplegados en 2004.