www.cubaencuentro.com Martes, 30 de marzo de 2004

 
   
 
¿Libertad para entrar en Cuba?
(13 octubre 2003)
 

El anuncio del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) sobre la próxima eliminación del visado de entrada hasta ahora exigido a los cubanos radicados fuera de la Isla, llega con 44 años de retraso y lastrado por ciertas condiciones, ya que serán "excluidos aquellos casos de excepcional, repugnante o dañina actividad contra los intereses del país", según reza la nota.

Pasaporte cubano

La medida constituirá, sin duda, un avance en la normalización de uno de los principales traumas nacionales; sin embargo, no hay que olvidar que no otorgará al exilio ningún privilegio especial. Tan sólo restaurará limitadamente ciertos derechos elementales.

Basta recordar que durante los primeros 20 años de la revolución no se permitió a la comunidad exiliada ningún tipo de visita al país, ni siquiera por razones humanitarias, y que desde fines de los años setenta hasta hoy, se le ha exigido un visado de entrada a los cubanos, e incluso a aquellos que han obtenido otra nacionalidad, se les ha obligado a adquirir pasaportes y visados estampados en La Habana, siendo en todos los casos prerrogativa del gobierno concederlos o no.

La nueva disposición ratifica el carácter selectivo de la política castrista hacia la emigración o el exilio. De hecho, ésta continúa forzando a los ciudadanos radicados en el exterior a un comportamiento afín con los intereses del régimen, si no desean ser vetados cuando aspiren a visitar la Isla.

En su comunicado oficial, el MINREX no explica cuál será el mecanismo sustitutivo del visado, que permitirá seleccionar entre ciudadanos "admisibles" e "inadmisibles". De lo que no cabe duda es de que alguno será implementado con ese fin. En última instancia, no podrá descartarse la utilización del método más perverso, ensayado en los últimos años con viajeros poseedores de un visado en regla: impedirles la entrada en la frontera aeroportuaria y obligarlos a retornar al país de origen.

Por otra parte, hay serios indicios de que no son las consideraciones humanitarias las verdaderas causas de esta medida, sino el cálculo económico y la publicidad.

Si se tiene en cuenta la situación de asfixia económica que padece la Isla, es lógico que el gobierno busque desesperadamente nuevos clientes para su primera industria: el turismo. Y el exilio es, gracias a ese mismo gobierno, una clientela importantísima y continuamente renovada. Es cierto que al abolirse el visado los consulados cubanos sufrirán importantes pérdidas económicas, pero esto podría compensarse "reajustando" los precios de otros trámites o servicios, como por ejemplo, exigir nuevos pasaportes, adecuados a las recientes normativas, y cobrarlos en divisas. En cualquier caso, la previsible inyección de dinero en efectivo debido al incremento de los visitantes, compensaría las pérdidas y consolidaría al exilio, por concepto de turismo y remesas, como la primera industria del castrismo.

Al mismo tiempo, una aparente concesión a la diáspora —manteniendo el trato discriminatorio— puede presentarse ante la opinión pública mundial como una medida de carácter humanitario, calculando de antemano su rentabilidad propagandística. Es de esperar que los defensores de La Habana en el exterior esgriman el argumento como ejemplo de la "generosidad" del gobierno cubano, que restaura la normalidad migratoria al tiempo que hace una dadivosa concesión a sus hijos "descarriados".

A estos defensores habrá que recordarles: el derecho a regresar cuando y como se quiera al país natal no es una atribución de ningún gobierno, sino un derecho inalienable de todos los ciudadanos del mundo —y por supuesto, de todos los cubanos—, recogido en la Carta Universal de los Derechos Humanos.

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