El cubano Luis Puente Ley, asesinado la semana pasada en Venezuela, era uno de los miles de médicos enviados por La Habana a Caracas como parte del pago por 53.000 barriles de petróleo diarios.

El convenio —que también incluye a maestros e instructores deportivos— es exhibido por el gobierno cubano como una más de las tantas acciones solidarias y generosas de la "revolución" hacia países del tercer mundo. Poco se sabe, sin embargo, de las condiciones en que permanecen estos profesionales en Venezuela.

Se dice que reciben unos 200 dólares al mes y viven con familias a las que el gobierno de Hugo Chávez ha prometido ayuda por acogerles, en cuartos a veces sin ventanas como remedio límite contra los robos. Se habla de que a menudo su trabajo se reduce a repartir medicamentos, en buena medida enviados por La Habana y escasos en la Isla. A muchos se les retira el pasaporte, y sólo pueden abandonar la zona asignada acompañados de algún "responsable". Medios de comunicación venezolanos se refieren a médicos que distribuyen casetes de audio y video con discursos de Fidel Castro. Las denuncias de la oposición a Chávez sobre una presunta labor ideológica no cesan. La cifra de 14.000 cubanos en el país es motivo de inquietud general.

No es nuevo que los profesionales de la Isla, sobre todo los de aquellos sectores que las autoridades utilizan para presumir de "logros", se vean atrapados en operaciones políticas, como fachada solidaria de maniobras intervencionistas más o menos encubiertas.

Pero si hace décadas La Habana podía echar mano de ideales y valores ciertamente arraigados en una parte de la población, en este momento lo que hace es utilizar la precariedad económica imperante en el país.

Aceptar una misión en Venezuela, incluso en condiciones de semiesclavitud, permite a los "internacionalistas" mejorar, aunque sea ínfimamente, los ingresos familiares, toda una oportunidad dados los exiguos salarios que perciben en la Isla.

Las "misiones internacionalistas" pueden ser usadas además como puente hacia el exilio, ya que los médicos se hallan entre los profesionales a los que La Habana pone severas restricciones para abandonar el país.

En la Isla, el sistema de salud se resiente. Médicos generales y especialistas se ven obligados a hacer turnos y guardias extras, sin obtener siquiera la compensación que reciben los ausentes.

La disminución del número de profesionales ha significado para los cubanos un reajuste a la baja del sistema de salud: la reubicación de médicos que antes atendían directamente en centros de trabajo, internados y círculos infantiles; la reducción de especialistas; consultorios del médico de la familia y programas de salud.

En Venezuela, lo primero que se han encontrado los médicos cubanos es, justamente, el rechazo de sus colegas. Chávez ha presentado el Plan Barrio Adentro como un esfuerzo por llevar los servicios médicos a las zonas más pobres, por lo general las de mayor índice delictivo y de violencia. Para justificar la participación de los cubanos, ha alegado que los profesionales venezolanos no quieren asistir a esas áreas. Éstos, en cambio, afirman que el gobierno se niega a pagarles un salario acorde con los riesgos que deben asumir.

El método de Chávez —su afán de ganar a los sectores marginales para la "revolución bolivariana"—, no es nada nuevo; ni es novedad que La Habana anime y colabore de forma activa para garantizar la continuidad de proyectos que le sean afines ideológicamente: la mano del gobierno cubano en determinados regímenes y movimientos subversivos de América Latina y África ha sido ampliamente documentada.

Mientras, los médicos siguen partiendo o deseando partir hacia Venezuela, a participar en una iniciativa de apariencia noble y esencia manipuladora; a ser considerados intrusos, con riesgo para su integridad física y sin ninguna garantía de defensa o de que La Habana pida cuentas a Caracas por sus vidas.