Cada agudización de la ya permanente crisis cubana pone de manifiesto el fracaso del actual gobierno como alternativa económica, social y política para el país.

Ahora, cuando el maltrecho y extremadamente sensible sector energético amenaza con desplomarse, el régimen se afana más que nunca en ofrecer justificaciones: el bloqueo, la mala calidad del petróleo nacional que surte las plantas eléctricas y que obliga a un mantenimiento más seguido de las mismas, la difícil coyuntura mundial con los precios del crudo rozando límites históricos. Sin embargo, ninguno de estos argumentos toca el problema de fondo: la desastrosa gestión y lo obsoleto del "sistema" económico que todavía pervive en la Isla.

Desde la lógica del poder, una de las desventajas de los regímenes totalitarios frente a las democracias es que en éstas la responsabilidad siempre es compartida. La existencia en Cuba desde hace 45 años de un sistema de economía centralizada y estatal, con el mismo Máximo Líder en el poder, es lo que da base a la población a poner en entredicho a la dirigencia —aunque sólo desde un plano tácito, debido a la falta de libertad de expresión— por decisiones erróneas.

¿Cómo fueron administrados los 65.000 millones de dólares en subsidios, créditos y ayuda económica que en el período 1960-1990 entregó la URSS? ¿Por qué se emplearon tantos recursos en la construcción de una central electronuclear que nunca funcionó cuando el debate en el mundo cuestionaba esa estrategia? A la fracasada Zafra de los Diez Millones y una industria azucarera hoy en ruinas, los planes quinquenales nunca cumplidos, el Hombre Nuevo jamás encontrado, las campañas militares en África que no reportaron beneficios económicos, el Plan Alimentario que aumentó la dependencia externa en vez de lograr la autosuficiencia, el voluntarismo, la improvisación y otros errores y desmanes del castrismo, se suma ahora el colapso energético del país.

No salvan al Estado las destituciones coyunturales ni la búsqueda de culpables directos. Tras la rotura de la central termoeléctrica "Antonio Guiteras" de Matanzas —la mayor del país—, unida a la caída de varias torres de la planta de Mariel, no se tardó en señalar como responsables a tres operadores que no hicieron el "seguimiento de parámetros importantes relacionados con la caída de temperatura de la planta". Por suerte, se decidió que se trataba de un caso de negligencia. ¿Qué les habría sucedido a estos operadores si algún ideólogo, para prevenir posibles sabotajes, hubiera dictaminado que fue un hecho intencionado? La realidad es que ninguno de estos culpables es tal mientras los principales causantes de la situación actual se mantengan incólumes en sus puestos. Esto es algo que la población sabe. Por ello el régimen no escatima esfuerzos en maratónicas arengas televisivas de un lenguaje cada vez más radicalizado.

La otra cara de esta constante personalización de los problemas fueron las declaraciones de Fidel Castro, quien dijo no haber sido consciente de la debilidad del sistema eléctrico del país. ¿Es que no hubo ni siquiera un especialista consciente del peligro, un experto que diera la voz de alarma? ¿Significa esto que todo de lo que Castro no tenga conocimiento pleno puede colapsar en cualquier momento?

Otro aspecto importante y no mencionado en el discurso oficial es que la generación bruta de electricidad en Cuba cayó un 30% entre 1989 y 1993, y sólo vino a recuperarse en el año 2001, aunque, todavía en 2003, la generación de electricidad por habitante aún estaba un 2% por debajo del nivel de 1989.

Hoy, la situación de los apagones no sólo es desesperante, sino de muy difícil solución, pues requiere inversiones cuantiosas y Cuba tiene una enorme escasez de divisas, buena parte de las cuales debe emplearse en la importación de alimentos de Estados Unidos, evidencia del fracaso de la política agropecuaria de casi medio siglo.

La compañía canadiense Energas tiene un plan para expandir la generación eléctrica, pero nunca antes de tres años. El Período Especial tampoco se ha cerrado. Por desgracia, parece que la única norma en la Isla es que las situaciones excepcionales se vuelvan norma, se diluyan en el mar de dificultades cotidianas. Mientras tanto, en vez de ofrecer soluciones, el gobierno se limita a exigir sacrificios. La pregunta es hasta cuándo aguantará la población, y qué pasará cuando la paciencia se agote.

En las casas, la rotura de equipos electrodomésticos y la comida en mal estado son sólo el aviso más inmediato de una crisis que ha obligado a cerrar fábricas y hoteles, y a reducir el ya casi nulo alumbrado público, entre otras medidas que recuerdan a un país en guerra.

Lo verdaderamente patético del caso cubano —la diferencia con otros conflictos del mundo—, es que las soluciones, al menos las que contribuirían a aliviar la mermada calidad de vida de la población, son evidentes. Hay indicios de que hasta la capa ministerial, con las manos atadas, es consciente de ello.

Si larga es la lista a la que el castrismo tendrá que responder en el futuro sobre temas como los Derechos Humanos, tan extensa será la de su responsabilidad en la debacle económica nacional.