www.cubaencuentro.com Viernes, 28 de octubre de 2005

 
   
 
Empresarios españoles en Cuba
(14 noviembre 2003)
 

La presencia de inversores occidentales en Cuba, sobre todo tras el derrumbe del "campo socialista" de Europa del Este, ha sido objeto de constantes debates y cuestionamientos. De una parte, se opina que la actividad económica de este empresariado alivia la situación de algunos cubanos de a pie; de la otra, se alega que a lo único que contribuye es al sustento económico del régimen. La Habana, por su parte, cuida mucho de mantener bien demarcada la línea divisoria entre su mal entendido concepto de "soberanía nacional", y la necesidad de sobrevivir económicamente.

En este marco, las recientes declaraciones del presidente de la Asociación de Empresarios Españoles en Cuba, en las que criticó el "distanciamiento injustificado" entre los gobiernos de Madrid y La Habana, y lamentó la inexistencia de apoyo oficial al empresariado ibérico por parte de sus políticos, merecen un alto; máxime cuando, con 145 firmas, España es el país con mayor presencia empresarial en nuestra nación.

Este "distanciamiento injustificado" es uno de los resultados directos de la posición de la Unión Europea tras la ola represiva desatada en marzo último por el gobierno de Fidel Castro. Obviar la falta de libertades imperante en Cuba resulta un asunto cada día más arduo, pero cuestionar las posiciones de condena de los gobiernos comunitarios, cuando cientos de presos políticos se hacinan en las cárceles en condiciones infrahumanas, es algo que roza el cinismo.

Independientemente de los magros beneficios, o incluso el alivio psicológico, que a corto plazo conlleve la presencia de estas empresas extranjeras para una parte de la población (secuestrada laboralmente por un patrón/estado único y omnipresente), lo cierto es que han apostado por tomar posiciones en Cuba, no por estas razones, sino a costa de las excepcionales condiciones que les ofrece el régimen: inexistencia de sindicatos independientes y del derecho a huelga; acceso a una mano de obra cautiva, subcontratada en condiciones de semiesclavitud; ausencia de una política protectora del entorno, que impida desastres ecológicos como el de Cayo Coco; y, sobre todo, la posibilidad de avanzar posiciones, hasta ahora, sin la competencia económica norteamericana, frenada por el embargo de Washington.

Todas estas facilidades han sido otorgadas por el gobierno cubano a los inversores bajo una sola condición: no entrometerse en la vida política del país. Un país en el que tal vez no recuerden que, incluso hoy, cualquier bien podría quedar confiscado con apenas un gesto de su máximo líder; cualquier relación comercial, por "amistosa" que parezca, puede revertirse en un instante por una arbitraria decisión unipersonal.

El error de los empresarios, su apuesta casi temeraria, fue pensar que política y economía, en una sociedad totalitaria, son materias discernibles. En la Cuba de Castro, llegado el caso, todo es política.

La prueba de ello es el chantaje que ahora enfrenta esta avanzada del capitalismo: el pago en efectivo de las compras cubanas a Estados Unidos resulta un sarcasmo doblemente insultante para estos empresarios que, por una parte, han acumulado una deuda considerable con Cuba, atenidos a la falta de liquidez aducida por el país, y por otra, han tenido que ganarse, a costa de la conocida posición de "amigos de Cuba", cada una de las concesiones comerciales obtenidas en un país donde no existe una regulación general para las inversiones, sino que deben ser aprobadas en cada caso particular por la máxima autoridad, a la que se ven obligados a cortejar.

Pero ahora, Castro ha decidido priorizar los negocios con Estados Unidos y, sorpresivamente, aparece dinero en efectivo para pagar a los comerciantes procedentes de "las entrañas del monstruo". Con ello, La Habana no sólo está haciendo lobby por el levantamiento del embargo, sino que al incumplir a propósito sus pagos con empresas del viejo continente, las está presionando para que éstas insten a sus gobiernos a que abandonen sus posiciones de crítica a las violaciones de los Derechos Humanos, en pos de un acercamiento político que las vuelva a colocar en posiciones privilegiadas.

Hasta ahora el debate giraba alrededor de la utilidad, en un futuro tránsito a la democracia, de la presencia de estos inversionistas extranjeros en Cuba. Sin embargo, la postura adoptada por el presidente de la Asociación de Empresarios Españoles en la Isla, y el papel de abogados de Castro que algunos inversionistas europeos se han arrogado ante sus respectivos gobiernos, los coloca de lleno ante la paradoja de su situación: invertir en un país donde ni siquiera existe una legislación que proteja sus inversiones de manera estable y ahora verse abocados a defender sus intereses pasando por encima de los Derechos Humanos de cientos de cubanos confinados por delitos de opinión (algo que nunca podrían tolerar en sus respectivos países) y de otros millones que tienen prohibido invertir en su propio país.

Por otra parte, la triste realidad para el pueblo cubano es que el endeudamiento progresivo del régimen actual con los inversionistas extranjeros está hipotecando el futuro financiero de la nación, pues además de los altos porcentajes que éstos puedan detentar en las empresas mixtas, las entidades nacionales constantemente solicitan préstamos rápidos a su contraparte. En un futuro democrático, es previsible que la deuda sea tan grande que muchas de estas empresas podrían pasar automáticamente a manos extranjeras. Para los cubanos, el dinero líquido recaudado hoy será la deuda de mañana.

Inversiones españolas en Cuba
Barcelona: Indianos
MANUEL PEREIRA
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