La solicitud presentada por la plataforma Unidad Cubana al magistrado español Baltazar Garzón para que investigue a inversionistas españoles que contratan personal cubano en la Isla, por alegados vínculos con lo que denominan "sistema de trabajadores esclavos", pone en tela de juicio la política oficial seguida por el régimen castrista en el terreno de los derechos laborales.

Trabajador cubano: un "porcentaje" en divisas del total de su salario. (C. Piza)

La federación de organizaciones cubanas en el exilio, Unidad Cubana, se ha dirigido al juez Garzón, de la Audiencia Nacional de España, en carta del 30 de enero de 2003, en la que reconoce "su preocupación por las violaciones de derechos humanos en países tan distantes geográficamente de España, como Chile y Argentina".

Dicha carta fue acompañada de un expediente de la denuncia acerca de las graves violaciones a los derechos humanos de los trabajadores cubanos, que se realizan "con el conocimiento y la connivencia de empresarios españoles" que residen en España.

Asimismo, ha enviado copia de esos documentos al secretario general del PSOE, José Luis Zapatero, para que conozca la situación y se solidarice con las denuncias contra la explotación de los trabajadores cubanos por parte de empresarios españoles.

Esas denuncias fueron presentadas en enero de 2002, en Ginebra, ante la Comisión de Normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por la Federación Nacional de Trabajadores Azucareros de Cuba, en el exilio, amparándose en el Artículo 24 de la constitución de la OIT.

Encuentro en la Red ha tenido acceso a este expediente, y ha conversado con Jesús Permuy, presidente de Unidad Cubana, para quien tales inversionistas favorecen la existencia de una especie de régimen de servidumbre, practicado por el gobierno castrista, el cual "alquila fuerza de trabajo nacional a extranjeros".

Según Permuy, los inversionistas españoles no son ajenos al hecho de que ellos pagan en divisas convertibles (en dólares estadounidenses) a las empresas del régimen, como Cubalse y Acorec, los haberes del personal cubano que emplean, y están conscientes de que el gobierno se expropia cerca del 80% de esos salarios, ya que por regla general paga el equivalente en pesos cubanos, una moneda que sólo circula en el interior de la Isla. A lo sumo, el trabajador cubano recibe un exiguo porcentaje en divisas del total de su salario.

La iniciativa de Unidad Cubana podría extenderse a empresarios de países que también contratan al régimen fuerza de trabajo nacional, como Canadá, Italia, Francia y Brasil.

La reclamación tramitada por los azucareros pone énfasis en que el gobierno castrista viola los Convenios 95 y 96 de la OIT, correspondientes a protección del salario y agencias retribuidas de colocación, respectivamente. El 29 de abril de 1952, el gobierno de La Habana ratificó el Convenio 95, que de hecho se convirtió en ley interna, según la explicación de la FNTAC.