La eventual adhesión de Cuba al Tratado de Cotonú ya provocó polémicas entre los opositores internos, aunque el asunto puede ser abordado desde diferentes ópticas.

Poul Nielson, comisionado de la Unión Europea, inaugura la oficina de la UE en Cuba.

Para algunos dirigentes de la Unión Europea, la aceptación por parte del Gobierno cubano del Tratado de Cotonú significa que La Habana suscribe principios democráticos vinculantes, que incluyen el respeto de los derechos humanos y la libertad de asociación y de expresión. O sea, que se podría abrir el camino para una transición pacífica en Cuba.

Es una lógica loable, pero que desconoce aspectos fundamentales de la política del régimen, dispuesto a firmar y asumir compromisos para después no cumplirlos.

Baste recordar que el 11 de noviembre de 1996, durante la VI Cumbre Iberoamericana, Fidel Castro firmó, solemnemente, la Declaración de Viña del Mar, para "reafirmar el compromiso con la democracia, el estado de derecho, el pluralismo político, los derechos humanos y las libertades fundamentales, que son el marco de la gobernabilidad para una democracia eficiente y participativa".

A lo mejor Castro pensó que eso de "reafirmar" no tenía nada que ver con el régimen cubano. No le faltaba razón, pues hace décadas que ninguno de estos principios son respetados por La Habana.

Más recientemente, el pasado 14 de marzo, el comisario europeo para el Desarrollo y la Ayuda Humanitaria, Poul Nielson, declaró en La Habana: "Quiero ser muy claro en que veo el acceso de Cuba al Tratado de Cotonú como un avance en las discusiones de la UE y Cuba sobre varias materias, incluyendo derechos humanos y democracia".

En esa ocasión, Nielson reconoció que la Unión Europea tiene "serias preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos en Cuba, y esto ha sido también tratado de forma franca y abierta en las conversaciones con los representantes del Gobierno cubano".

Como es conocido, apenas Nielson regresó a Bruselas fue lanzada la peor ola de arrestos de opositores que se recuerda en los últimos años. El operativo estaba tan bien planificado que caben pocas dudas acerca de que ya había sido discutido y aprobado antes de la visita de Nielson. Simplemente, se esperó a su partida para ponerlo en marcha.

A los detenidos les ha sido recordado que pueden ser juzgados por violar la Ley 88 de 1999, que sanciona con penas de hasta 20 años y confiscación de bienes "hechos encaminados a apoyar, facilitar, o colaborar con la Ley Helms-Burton, el bloqueo (embargo), la guerra económica contra Cuba, la subversión y otras medidas similares".

Las autoridades interpretan esta medida peculiarmente: cualquier opositor es potencialmente un agente del enemigo.

Ya la confiscación de bienes comenzó, pues a muchos de los periodistas independientes le fueron ocupadas máquinas de escribir, equipos de fax y hasta presilladoras. Sin duda, instrumentos de subversión en la Cuba actual.