Los diplomáticos cubanos estacionados en México están pasando trabajo para conseguir adeptos a las posiciones de La Habana en la 59 Conferencia de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que tiene lugar por estos días en Ginebra, Suiza.

Colin Powell, George W. Bush y Vicente Fox.

Es que en contra de sus propósitos pesan los procesos sumarios que se celebran en Cuba para encartar a casi 80 periodistas independientes y opositores pacíficos que fueron aprehendidos sin las garantías de proceso debido. El argumento que blanden los cabilderos es que los Estados Unidos carecen de autoridad moral para juzgar a otras naciones y, por ende, ellos no están dispuestos a admitir juicios adversos. Si se acepta esta sinrazón, pues entonces que se cierre la ONU y asunto arreglado. Que cada quien se rasque con sus propias uñas.

El Gobierno de George W. Bush rehusó someterse a las indicaciones del Consejo de Seguridad y decidió unilateralmente, junto con Inglaterra, Australia y la triste marioneta de José María Aznar, invadir a Irak; los cubanos, por su parte, nunca han aceptado las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Estados Unidos mantiene en Guantánamo, en calidad de bestias, a un puñado de afganos señalados como terroristas, pero confinados al margen de toda ley; mientras, los antillanos desestiman los acuerdos multilaterales que los instan a promover las garantías individuales y a recibir a Christine Chanet, abogada francesa y representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, según la resolución 2002/18.

Si los asuntos que son sometidos a los órganos de la ONU se dirimieran con objetividad, no habría problema para dictaminar lo que ocurre en cada uno de los países miembros, pero como las resoluciones emanan de procesos de votación, los gobiernos cuestionados desarrollan un juego perverso de cabildeos y presiones, a fin de conseguir votos favorables. Así, el dictamen sobre lo que ocurre en una nación no es tanto fruto de un análisis sereno, sino de la cantidad de sufragios que los políticos nacionales consigan. Pudiera darse el caso de que Cuba mantenga en la cárcel a varias decenas de periodistas juzgados en condiciones de parcialidad y, si la suerte le es favorable en la ONU, obtener el certificado de buena conducta que una mayoría de aliados pudiera otorgarle.

Para el Gobierno de Vicente Fox, que se ha atrevido a desafiar el capricho de George W. Bush en el Consejo de Seguridad, el voto sobre la situación de los derechos humanos en Cuba está más que claro y no tiene vuelta de hoja. Es muy probable que sea idéntico al del año pasado, cuando se instó a La Habana a mejorar la situación de los derechos humanos y a recibir a un representante del Alto Comisionado. Es más: lo que llama la atención es que las autoridades castristas hayan realizado una macrorredada de periodistas en el contexto internacional actual, y que lo hayan hecho con la reunión de la ONU ya próxima a verificarse. No pudieron acudir los cubanos a Ginebra con peores credenciales.