Como en una novela de suspenso, los venezolanos están ansiosos por lo que pasará en los próximos días. Nadie sabe cómo terminará el mal folletín que es la revolución bolivariana. Hay dos finales probables: la salida de Chávez del poder por medio de un referéndum revocatorio —como establecen las leyes—; o la consolidación de un régimen autocrático que generará violencia y caos, de magnitudes nunca vistas en Venezuela.

Chávez y Castro en La Habana: ¿hermandad o tutelaje?

Los que viven aquí estuvieron más pendientes del 19 de agosto, que del día de sus cumpleaños. En esa fecha, Hugo Chávez cumplió la mitad de su mandato, y de acuerdo con la Constitución, es posible llamar a un referéndum revocatorio sobre su gestión. Muchos se angustian con la idea —para nada descabellada— de que el presidente impida la consulta electoral. Si al venezolano se le prohíbe zanjar sus diferencias en las urnas, el país estallará como un polvorín.

De acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA), el referéndum es la solución para salir de la crisis que desgarra a Venezuela. El secretario general de la OEA, César Gaviria, durante meses sirvió de mediador entre el gobierno y la oposición, los cuales llegaron a un acuerdo el 29 de mayo pasado, con la finalidad de allanar el camino hacia el revocatorio.

No obstante el acuerdo suscrito por las partes en conflicto, el camino hacia el revocatorio está lleno de piedras. El primer obstáculo —salvado hace pocos días— fue la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), que fijará las reglas de la consulta. Chávez hasta último momento se opuso a la designación del órgano electoral por parte del Tribunal Supremo de Justicia. En uno de los tantos discursos con que castiga a los venezolanos dijo que "hay magistrados que no obedecen a sus conciencias, sino a las jineteras del Apocalipsis. Pero estoy seguro de que el Tribunal Supremo derrotará la conspiración dirigida por las jineteras del Apocalipsis, que tratan de designar un CNE subordinado".

El líder bolivariano llama jineteras a los dueños de los canales de televisión privados Globovisión, Radio Caracas Televisión (RCTV), Venevisión y Televén, a quienes les ha hecho una guerra a muerte. Chávez usualmente los llamaba los cuatro jinetes del Apocalipsis, pero a sugerencia de Fidel Castro, ahora les dice "jineteras", por considerarlos prostitutas pagadas por la oposición. Esta pequeña sugerencia sobre cómo nombrar a sus enemigos ha encendido la polémica acerca de la injerencia castrista en Venezuela. Evidentemente, Chávez sólo tiene oídos para una persona, quien de madrugada como es su costumbre, le aconseja cómo conducir la revolución bolivariana.

Hasta el momento, la sociedad venezolana ha recibido con beneplácito el nombramiento de las autoridades electorales. Los analistas consideran que la composición del nuevo CNE es "equilibrada" debido a que reúne a dos representantes del gobierno y a dos de la oposición, y a un quinto miembro independiente que es el presidente del organismo, Francisco Carrasquero.

Todavía es muy pronto para saber si Carrasquero es un hombre de ley. No sería sorpresa si al final terminara sucumbiendo a las presiones de Chávez. Hay que tener en cuenta que el gobernante venezolano no sólo se juega la silla en Miraflores, sino su futuro inmediato. Todos en este país saben que seguidamente que Chávez sea revocado se activarán todas las demandas en su contra que duermen en los tribunales. En la más grave se le acusa de crímenes de lesa humanidad por la masacre del 11 de abril de 2002, en la que 19 personas fueron asesinadas y más de 300 resultaron heridas de bala.

El miedo a contar

Dicho en cubano, es una papa caliente lo que tiene en sus manos el órgano electoral. Todo el país está pendiente de cuáles serán sus primeros movimientos, y hacia qué lado irán. Una de las tareas más urgentes será resolver la polémica que existe alrededor de las más de 3,2 millones de firmas a favor del referéndum, entregadas por la oposición el 20 de agosto pasado. Si el CNE determina que estas firmas son válidas, la oposición habrá excedido la cifra requerida —20 por ciento de los electores inscritos (2,4 millones)— para activar la consulta popular.