La condena contra el régimen de Fidel Castro, aprobada el pasado 4 de septiembre por el Parlamento Europeo, representa un paso importante en la larga batalla por conquistar la libertad y la democracia en Cuba. Es una clara señal enviada a La Habana acerca de que, con el paso del tiempo, las arbitrariedades y el total irrespeto a los derechos humanos no quedan en el olvido.

Centro Cultural Español de La Habana: aniquilado por decreto.

Se trata de que la eurocámara condenó nuevamente la "persistente y flagrante" violación de los derechos humanos en la Isla, y pidió la libertad para los miembros de la oposición encarcelados. El pleno aprobó ese día una resolución de 14 puntos, consensuada por los grupos mayoritarios de la Cámara, tras el debate que celebró sobre las relaciones entre la Unión Europea y La Habana, a raíz de las últimas detenciones practicadas por el régimen castrista.

En este debate debía haber participado el connotado disidente cubano Oswaldo Payá, pero el régimen de La Habana le negó el permiso de salida. Esto evidencia el temor de Castro de que los parlamentarios europeos puedan escuchar directamente los testimonios sobre la crueldad en las cárceles cubanas contra los 75 opositores pacíficos, condenados a 1.475 años de prisión.

El Parlamento Europeo lamentó el "cierre del Centro Cultural español" en La Habana y la "ausencia de reformas económicas y sociales" en Cuba. La resolución parlamentaria solicita la "libertad inmediata" de todos los miembros de la oposición cubana y periodistas independientes encarcelados, y recuerda a las autoridades del país caribeño que "ninguna ley puede limitar el derecho a la libertad de expresión".

El documento constata que desde la última evaluación de los objetivos de la posición común de la UE, efectuada en 2002, "no sólo no se ha producido por parte del gobierno cubano ningún tipo de avance, sino que la situación de los derechos humanos se ha visto seriamente deteriorada".

Hay dos elementos destacables en esta declaración: a) la propuesta fue consensuada por los grupos mayoritarios de la Cámara, lo que significa que La Habana apenas puede contar con el silencio cómplice, o la simpatía trasnochada de algún puñado de eurodiputados comunistas nostálgicos, o de una izquierda desfasada de las realidades; y b) la referencia directa a la Ley 88, eufemísticamente denominada de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, popularmente conocida como "Ley Mordaza".

Centrar las demandas en la liberación de los presos políticos y exigir garantías para la libertad de expresión en Cuba son objetivos mínimos que deberían servir para agrupar en todo el mundo a políticos, artistas e intelectuales, en una campaña permanente de denuncias de los maltratos a los disidentes en las cárceles, las intimidaciones a sus familiares, o las persecuciones contra los opositores que permanecen en libertad precaria.