www.cubaencuentro.com Martes, 07 de octubre de 2003

 
   
 
Espejo y paciencia
Asesinos y represores de los derechos humanos durante la dictadura argentina se enfrentan a la justicia internacional 21 años después.
por MICHEL SUáREZ, Madrid
 

Tarde o temprano la justicia reacciona. Los militares argentinos, culpables de más de 60 mil muertos, decenas de miles de detenciones, desapariciones y torturas, podrían ir a la cárcel, luego de que el presidente Néstor Kirchner derogara el Decreto 1.581 de Extraterritorialidad, firmado por Fernando de la Rúa. La puerta de Argentina a posibles reclamos de la justicia extranjera ha quedado abierta.

Generales
Argentina: Generales Antonio Domingo Bussi (izq.) y Luciano Benjamín Menéndez, detenidos por genocidio.

El mandatario gaucho, al parecer, no comulga demasiado con los asuntos castrenses. Una de sus primeras medidas al frente de la Casa Rosada fue la renovación de la cúpula militar, lo cual le valió críticas y más de una advertencia de algún díscolo. La supuesta audacia de Kirchner no se ha detenido en ese simple hecho, sino que al firmar la derogación de dichas restricciones ha puesto el dedo en la llaga de una sociedad aún dolida por el período dictatorial.

Unas horas después de la caducidad oficial del decreto, la policía comenzaba a cumplir las órdenes de detención formuladas por INTERPOL, a petición del juez español Baltasar Garzón. De esa forma, al menos 42 de los 45 principales autores de la sangrienta represión durante el desgobierno de Jorge Videla, han pasado a disposición judicial y se enfrentan a una posible extradición. España y Francia han exigido las entregas.

Podría parecer que el fin de la inmunidad llega tarde, habida cuenta de que han pasado 21 años del cese de la dictadura. Sin embargo, como en algunos otros países (Chile, el caso más típico), en Argentina fue imprescindible un período de "no enfrentamiento" que evitase revuelos en las filas militares, en una democracia aún débil y expuesta a nuevas sacudidas. La decisión del entonces presidente Raúl Alfonsín fue controvertida. No purgar las tropas ni exigir justicia en todos los casos de violadores de derechos humanos (sólo se hizo en algunos), pudo haber sido una posición algo cómoda para Alfonsín, pero la historia demostró que no estaba equivocado. Sin embargo, sus sucesores, Carlos Menem y Fernando de la Rúa, pasaron de revisar las leyes, y aunque el peligro de golpe prácticamente había desaparecido, se mantuvieron más o menos al margen del debate nacional que exigía justicia de una vez y por todas. Incluso, Menem, amnistió al ex dictador Videla, quien sólo cumplió 5 años de cárcel, aunque había sido condenado a cadena perpetua en 1985. Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida continuaron intactas.

Hasta ahora, Kirchner parece dispuesto a revertir tal situación, aunque no asegura que consentirá las extradiciones. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos han reaccionado positivamente al cambio de política. Las detenciones estremecen el panorama político argentino y sanean el ambiente de indemnidad que aún se respira en esa nación sudamericana. La causa judicial pinta larga. El juez federal Rodolfo Canicoba declaraba al diario bonaerense Clarín que el proceso podría durar años, pues se analizará "caso por caso". En tanto, el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, afirmaba que espera que "los jueces estén a la altura de las circunstancias,  ya que es una oportunidad histórica de la Justicia para terminar con la impunidad". El titular reconocía que "las heridas que están abiertas en la Argentina se cierran con Justicia, no con impunidad", al tiempo que informaba que las acciones emprendidas no se habían consultado con los militares, porque "el Presidente toma decisiones y deben ser acatadas por las Fuerzas Armadas".

Lo más trascendente de tal situación es el mensaje que el centroizquierdista gobierno de Kirchner está enviando al mundo: un evidente compromiso con el respeto a los derechos fundamentales del ser humano y un aprecio por los canales de la justicia. Un mensaje de alerta para cuanto represor quede escondido en el planeta, incluyendo a los que practican cualquier tipo de violación, desde fusilamientos por "delitos" políticos hasta mutilaciones de la libertad de conciencia.

La decisión de Kirchner y las actuaciones de la justicia argentina reabren el debate internacional sobre el destino de los criminales y violadores de los derechos humanos. Lo cierto es que por mucho que la liebre corra siempre el lobo la alcanza. Han pasado 21 años y Argentina y el mundo se disponen a pasar factura a asesinos y represores. Sea cual fuere el veredicto de los jueces, haya extradición o se les juzgue en su propio país, las ideas han quedado claras: cero impunidad, los pueblos no perdonan a sus verdugos.

Quizás en la Cuba democrática del futuro haya que pactar una ley de "perdón y reconciliación nacional" para preservar la estabilidad del momento histórico, pero siempre la temporalidad estaría pendiendo sobre el tema. Tarde o temprano tendrían que investigarse las acciones de quienes, en mayor o menor grado, han ocasionado al pueblo cubano una de las mayores tragedias de su historia. Los espejos están a la vista; sólo hay que mirarlos... y tener paciencia.

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