Los venezolanos están aprendiendo de la manera más difícil que democracia y revolución van juntas, sólo en la retórica de Hugo Chávez. En la práctica es imposible conciliarlas. Sobre todo, cuando el gobernante bolivariano aplica las reglas que rigen ambos procesos a su conveniencia. Al tiempo que alienta la violencia revolucionaria de sus simpatizantes, asfixia con las normas democráticas a sus adversarios.

Partidarios de Chávez celebran continuidad del régimen.

Dictadura constitucional es el calificativo que merece la revolución chavista, de acuerdo con algunos analistas venezolanos. Por primera vez en la historia de este país, un presidente electo democráticamente se empeña en gobernar como un caudillo revolucionario, que no respeta las leyes, ni las reglas del juego democrático. Sólo se acuerda de la Constitución a la hora de descabezar a sus opositores. En ese momento, se lleva el texto legal al pecho y grita bien alto "patria o muerte", para que lo escuchen en La Habana.

La mayoritaria oposición venezolana lleva más de dos años intentando ponerle fin a la revolución bolivariana. En estos momentos está empeñada en la realización de un referéndum revocatorio sobre el mandato de Chávez. Muchos se aferran a la consulta popular, porque quizás sea la última oportunidad de terminar —por las buenas— con la pesadilla chavista. Si el referéndum no tiene lugar, es muy probable que se produzca un estallido social; o que se consolide una dictadura que no necesite arroparse con un manto legal, porque para ese entonces no habrá oposición en Venezuela.

En la búsqueda de una salida electoral al conflicto venezolano, los adversarios de Chávez han sufrido muchos reveses. El último ocurrió el 12 de septiembre pasado, cuando el recién electo Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró inadmisible la solicitud de referéndum revocatorio del mandato de Chávez. La excusa fue que la oposición recogió las firmas antes de cumplirse la mitad del período presidencial, o sea, antes del 19 de agosto de este año.

Francisco Carrasquero, titular del CNE, argumentó que los 3,2 millones de firmas fueron suscritas "de manera extemporánea por anticipado, esto es antes de que naciera la titularidad del derecho del referendo revocatorio". En una muestra de la extrema polarización de la sociedad venezolana —a la que nadie parece inmune— la decisión de rechazar las firmas se produjo por tres votos a favor y dos en contra. El CNE está compuesto por dos miembros oficialistas y dos de la oposición. El presidente del organismo —de filiación política desconocida— esta vez decidió darle su voto al chavismo.

En el acta de anulación de la solicitud se asevera que "las firmas no llenan los requisitos establecidos en la Constitución". Las rúbricas fueron estampadas en una planilla con el siguiente texto. "Nosotros, los firmantes de esta Planilla, inscritos en el Registro Electoral, tomamos la iniciativa de convocar a un referendo revocatorio del mandato del Presidente de la República, ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, de conformidad con lo establecido en el artículo 72 de la Constitución. A tal efecto, sugerimos la siguiente pregunta: ¿De conformidad con lo previsto en el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, está usted de acuerdo con revocar el mandato al Presidente de las República Hugo Rafael Chávez Frías?".

El documento fue desestimado por "no constituir una solicitud formal dirigida a este órgano electoral, sino más bien una especie de proclama que no se corresponde con el apego a la legalidad", de acuerdo a los criterios del CNE.

Las firmas fueron recogidas el 2 de febrero pasado, durante una jornada conocida como el "Firmazo", que involucró a venezolanos de todos los estratos sociales. La asociación civil Súmate, encargada de organizar el evento, fue duramente criticada por el CNE, al considerar que dicha organización "no tiene competencia para realizar actos electorales".