Los venezolanos están enfermos de Chávez y saben que la única cura es expulsarlo del Palacio de Miraflores. Poner en práctica el remedio no es sencillo, porque el gobernante bolivariano se resiste a someter a consulta su mandato. Las revoluciones no se cuentan en las urnas, le habría dicho su mentor Fidel Castro.

Última novela de Chávez y Rangel: 'El referéndum del 30 de febrero' o 'Cuando la rana críe pelos'.

Si algún mérito tiene la mayoritaria oposición venezolana es su tenacidad. Lo ha intentado todo en su afán por ponerle fin a la trasnochada revolución de Hugo Chávez. La realización del referéndum revocatorio presidencial es su última batalla. Y como en la guerra todo está permitido, los chavistas están minando el camino de la consulta electoral, con el fin de perpetuar a su líder en el poder.

Las armas del chavismo son los trucos legales, la violencia y la intimidación. Todo vale si se trata de hacer desistir a la oposición de su empeño por recortarle el mandato al presidente. Una de las estratagemas del gobierno es torpedear la labor del Consejo Nacional Electoral (CNE), como quedó evidenciado el 29 de septiembre pasado. Al mismo tiempo que la oposición entregaba la solicitud del referéndum revocatorio presidencial, el oficialismo pedía que se le revocara el mandato a siete gobernadores opositores, 38 diputados y al alcalde mayor de Caracas.

Las 46 solicitudes presentadas por el gobierno no sólo están dirigidas a obstaculizar la actividad del CNE —que ahora debe responder a un cúmulo tremendo de consultas electorales—, sino a minar la voluntad de los funcionarios a los que les solicitan el recorte del mandato. Querían poner a los gobernadores opositores en la disyuntiva de decidir qué cargo deseaban deponer: el suyo propio o el de Chávez. Hasta el momento todos han manifestado que el revocatorio presidencial está por encima de sus intereses personales.

Los venezolanos esperan con ansiedad que el CNE fije la fecha para la recolección de firmas avalando las consultas populares. La Coordinadora Democrática, que agrupa a todas las organizaciones opositoras, pidió recoger las firmas contra Chávez entre el 24 y el 27 de octubre. El oficialismo solicitó esos mismos días para acopiar las firmas con la intención de revocar a gobernadores y alcaldes opositores.

La extrema polarización de la sociedad venezolana hace casi imposible que en un mismo día se recojan firmas contra Chávez y contra líderes opositores. Si el CNE no hace valer el más elemental sentido común y autoriza la recolección simultánea, la violencia en las calles no está descartada. Los círculos bolivarianos tendrían un buen pretexto para salir a defender su revolución, y todos los que viven aquí saben que sus armas no serían un bolígrafo para firmar, o una banderita de Venezuela.

De acuerdo con las últimas informaciones, parece que el buen sentido se impondrá, y las recogidas de firmas se harán por separado, aunque todavía no está clara la fecha, ni el orden en que tendrán lugar.

A instancia del gobierno, los rectores electorales agregaron en las planillas de solicitud del referéndum el requisito de la huella dactilar, además de los datos personales. También se estableció la publicación de los números de cédula (carné de identidad) de los firmantes. Tanto detalle tiene como fin evitar que los empleados públicos y los militares firmen, pues podrían perder sus puestos. Parece que Chávez no se siente muy seguro de la lealtad del sector castrense, cuando trata por todos los medios de impedir que expresen su voluntad en las urnas.

En realidad Chávez le tiene más miedo al "Reafirmazo", como le llaman los opositores a la recolección de firmas, que al referéndum revocatorio. Aunque no quiera admitirlo sabe perfectamente que dos de cada tres venezolanos votarían en su contra en una eventual consulta. Así las cosas, a la oposición no le sería difícil recoger 2,4 millones de firmas (equivalentes al 20 por ciento de la población electoral), que se necesitan para pedir el referéndum presidencial.