Exportar por Perú o Chile deslinda las ansias nacionales, en un país que carece de costas, desde que en 1879 este último le ganara en un conflicto bélico. Económicamente hablando, la cercanía de los puertos norteños de Chile viabiliza las exportaciones, pero la vieja ojeriza de la población boliviana contra sus vecinos impidió una definición al respecto.

Como ocurre muchas veces, el factor económico debiera predominar, más allá de añejas rencillas históricas. Razón sí tienen los bolivianos —y en esto son unánimes— en condenar la actitud contumaz de La Moneda en negarle un puerto con soberanía. Beneficiado con la probable elección de su territorio, Chile ofrece una bahía para la exportación del gas, aunque sin concesión de soberana, el fin último del país que convirtió en mediterráneo.

Como expresión de las distorsiones señaladas, la oposición argumenta que el combustible debe industrializarse en el país, a sabiendas —porque hay que imaginar que lo saben— que Bolivia no cuenta con condiciones económicas para emprender ahora obras de tal envergadura, y sobre todo, en medio de una abrupta caída de las inversiones en los últimos lustros, según indican expertos y estadísticas.

No está nada mal que el mandatario continúe exigiendo a Chile una salida al mar, pero ¿logrará convencer Mesa a su sociedad de la inteligencia y provecho de exportar el combustible por Chile, o lo que llama reencauzar será a la postre el consentimiento, a mayores costos, de empeñarse en Perú, también con yacimientos de gas? El aumento acelerado que han prometido las compañías españolas que lo extraen en Bolivia, hacen aún más perentoria una decisión al respecto.

El dilema, empero, va más allá. Incluso con exportaciones eficientes del gas y el incremento del consumo interno, existe la certeza de que los réditos irán a dar a manos de una burguesía blanca y mestiza que durante mucho tiempo ha oprimido a la mayoría indígena. Al conflicto racial, pues, se añade una corrupción profunda y sostenida. Atento a estos bemoles, Carlos Mesa creó el Ministerio de Asuntos Étnicos, que dejó a cargo de un indígena, Justo Seoane, y designó a una delegada para la Lucha contra la Corrupción, un cargo con rango ministerial que recayó en la periodista Guadalupe Cajías.

Bolivia debe mejorar la gestión política, pero al mismo tiempo sus estructuras económicas. El 87% de las tierras, por ejemplo, están en manos del 7 por ciento de la población, monopolio que se venía gestando desde antes de las dictaduras de los sesenta y setenta, y que no hallaría freno con la política neoliberal aplicada por regímenes democráticos. Entre los indígenas y campesinos, la pobreza rodea el 90%. Por su clase y su raza, ellos han sufrido discriminación durante siglos.

El papel del Fondo Monetario Internacional en Bolivia ha sido cuestionado por importantes funcionarios de la propia entidad, de dominio norteamericano. Uno de los trabajos del gobierno de Mesa estribará en redimensionar sus relaciones al respecto, clave en el porvenir de la nación.

El pasado del nuevo presidente también pesa en la actual dinámica. No faltan sectores de la oposición, como el que encabeza Felipe Quispe, que lo consideran un hombre labrado por el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Sánchez de Losada. En tanto, una cifra no desdeñable de congresistas advierten que una coalición de entidades políticas sería el único instrumento que garantizaría la gobernabilidad y no un salto al vacío, con lo cual critican lo que Mesa llama su "apartidismo".

Carismático, afable y reconocido periodista, Carlos Mesa tiene delante el reto enorme de sacar del pozo a un país que, de un modo u otro, ha vivido en crisis y zozobras durante casi un siglo. Hoy muchos ciudadanos de a pie lo abrazan emocionados y otros rezan con él, públicamente, el Padre Nuestro y el Ave María. Mañana veremos si profesan juntos ante los mismos altares.