Una mayor participación de mercenarios puede resultar desastrosa. Trasladaría al sector privado un problema que debe ser enfrentado directamente por el Estado. Son firmas que no están obligadas al escrutinio público, como las dependencias gubernamentales. Su participación en acciones bélicas puede afectar notablemente la imagen de este país ante los iraquíes y el mundo, con independencia de las circunstancias que motiven los hechos. Se trata de evitar que ocurran situaciones de este tipo. No de buscar justificaciones a posteriori. Ni el Departamento de Defensa ni la firma Blackwater han querido comentar sobre lo ocurrido antes de que llegaran tropas de las fuerzas especiales de Estados Unidos.

La preocupación sobre la actuación de los contratistas de seguridad norteamericanos ha llevado a que un grupo de senadores de este país le pida a Rumsfeld una explicación sobre el papel de estos civiles, que operan en forma similar a las fuerzas especiales, pero no están bajo el control militar de Estados Unidos.

"Podría ser un precedente peligroso si Estados Unidos permite la presencia de ejércitos privados operando fuera del control de una autoridad gubernamental y al servicio sólo de quienes les pagan", dice la carta firmada por 13 senadores demócratas —entre ellos Hillary Clinton y Carl Levin— y dada a conocer el 9 de abril.

"En el contexto de Irak, a menos que esas fuerzas estén correctamente controladas por autoridades de Estados Unidos y estén requeridas para operar bajo claras directrices y supervisión apropiada, su presencia contribuirá al resentimiento iraquí", puntualiza la misiva de acuerdo con una información de la Agencia France Presse.

Todo se encamina, sin embargo, a que la presencia de soldados de fortuna aumente en las próximas semanas. Según el Post, las firmas privadas de seguridad han comenzado a unirse y organizar lo que probablemente constituya el mayor ejército privado del mundo, con sus propios equipos de rescate y servicios de inteligencia. De acuerdo con el diario norteamericano, se espera que el número de guardias privados aumente a 30.000 en los próximos meses. Su presencia masiva en una zona de combates tan intensos no tiene precedentes en la historia de Estados Unidos, afirman funcionarios del gobierno y expertos.

Otro problema es que, con el deterioro de la situación iraquí en los últimos días, las fuerzas de la coalición no han podido acudir a tiempo al rescate de los guardias de seguridad en varias ocasiones. Cinco hombres de la firma británica Hart Group Ltd. fueron atacados durante una noche. Uno fue muerto y los cuatro restantes heridos. Esa misma noche, empleados de otras dos compañías —Control Risk Group y Triple Canopy— fueron también rodeados y atacados.

La cooperación entre los diversos grupos de seguridad y los ataques constantes a que están sometidos éstos, incrementa las posibilidades de un aumento del resentimiento mutuo entre extranjeros e iraquíes, un temor expresado en la carta de los congresistas demócratas. A su vez, la falta de control preocupa a algunos funcionarios del Departamento de Defensa. "La Autoridad Provisional del Gobierno de Coalición ha otorgado todo tipo de contrato a todo tipo de gente", dijo un funcionario de alto rango de la Secretaría de Defensa, en una información distribuida por el Post.

Costos excesivos

El Departamento de Defensa tampoco tiene la obligación de informar al Congreso de la existencia de contratos por un valor menor de $50 millones. Para los miembros de las corporaciones militares privadas, no rigen los límites impuestos al número de militares que participan en un conflicto. Sus acciones no están sujetas a las leyes norteamericanas —al actuar en suelo extranjero— y tampoco a los códigos de conducta militar de Estados Unidos.

Alrededor de 25 firmas diferentes —con contratos para la reconstrucción de Irak— emplean agentes de seguridad privados. Algunos son iraquíes, pero la mayoría de estos hombres provienen de una multitud de países, además de Estados Unidos y Gran Bretaña: Nepal, Chile, Ucrania, Israel, Sudáfrica y Fiji, entre otros. Como parte del personal que trabaja para Blackwater en la protección de los pozos petroleros —a través de un subcontratista—, hay ex militares de la dictadura chilena de Augusto Pinochet, que reciben un salario mensual de $4.000, según el periódico USA Today.