Es decir, la existencia en Chile o México (países cuyos gobiernos se opusieron a la guerra de Irak) de una regulación como esta, hubiera supuesto un anatema para los periodistas que emitieron opiniones favorables sobre el conflicto. Con la Ley Mordaza, el criterio del gobierno, en materia de política interior y exterior, pasa a formar parte de la agenda forzosa de los medios. Su incumplimiento originará una medida punitiva.

¿'Independiente' de quién?

Otra parte del articulado que ha hecho poner el grito en el cielo a los venezolanos está referida a la aparición de la figura del "productor independiente". El gobierno obligará a las cadenas a entregar una cuota de la programación a estos, quienes para acceder a tal categoría deberán solicitar una "certificación" a la autoridad correspondiente y demostrar que no tienen relación con las empresas que los van a contratar.

Lo de "independiente" suena a gastado en terrenos propensos al autoritarismo. En 1960, el entonces joven gobierno de Fidel Castro convenció a los pequeños difusores para que se aliaran en el denominado Frente Independiente de Emisoras Libres (FIEL), que luego milagrosamente se "autoconvenció" de que lo más patriótico era poner la corporación radial bajo la tutela del gobierno. En 1962, los productores que quedaron al margen del FIEL, fueron despojados de sus propiedades por un decreto que dio paso a la creación del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), el sacrosanto organismo de la censura hasta hoy día.

Volviendo a Venezuela, Gilberto Urdaneta, director de la Cámara de la Industria de la Radiodifusión de ese país, me ratificó hace unos días que la creación del productor "independiente" no era más que una maniobra para colocar en los principales horarios de las cadenas privadas a comisarios políticos del gobierno chavista.

Para no ir tan lejos, es como si Iñaki Gabilondo o Luis del Olmo, quizás las principales figuras de la radio española, necesitaran una autorización del gobierno para continuar dirigiendo sus programas matutinos. Lo mismo sucedería en Miami con Armando Pérez Roura (director de Radio Mambí y al mismo tiempo realizador de programas) y Oscar Haza (WQBA), por ejemplo.

Urdaneta igualmente denunciaba las imposiciones en los horarios. Prácticamente, entre siete de la mañana y once de la noche, las cadenas no tienen autoridad sobre los tipos de contenido.

Todo eso contrasta, por ejemplo, con la manera en que en España los medios audiovisuales se están sometiendo a una "autorregulación" para proteger los horarios infantiles.

En el caso de Venezuela, no es un hecho aislado. Se suma a la reforma del Código Penal, diseñada para estipular o endurecer las penas contra supuestos delitos de opinión; o para blindar la figura del presidente de la República y la de otros altos cargos o instituciones estatales, ante críticas adversas de los medios o de los ciudadanos. A todo esto se une, también, el creciente control gubernamental sobre los poderes legislativo, judicial y constitucional.

Antes, los medios de comunicación venezolanos no eran perfectos y estaban bajo la exclusividad y el manto de una clase económica visible. Hoy, es el gobierno quien, en nombre de los dídimos de Bolívar y Chávez, mezclados con varios kilogramos de seguridad nacional y soberanía, cientos de litros de lenguaje populista y patria congelada como postre, pretende controlar los medios no afines hasta su exterminio.

Pero como nadie experimenta por cabeza ajena, en breve los venezolanos podrán verificar qué es lo menos malo: si la dictadura del dinero o la de la censura.