Para ello debió superar varios obstáculos, a cada cual más formidable. El primero consistía en que la Ley Fundamental de la RFA no prevé la autodisolución del Bundestag. Para circunvalar el escollo jurídico —una ingenua precaución de los constituyentes de 1949 para desmontar el mecanismo que llevó al poder a Hitler en 1933— no le quedaba otra que someterse a sí mismo a una moción de censura que, por lo demás, aun dando por descontado el voto a favor de la oposición, podía perder si la bancada rojiverde, ligeramente mayoritaria, no se abstenía en bloque y un número suficiente de sus diputados, anteponiendo su deseo de seguir usufructuando hasta 2006 los privilegios de sus mandatos, votaba en contra.
Aunque no sin sus tira-y-encoges y sus cañonas, que también las metió, el canciller federal se salió con la suya: el 1 de julio pasado el Bundestag se anotó el autogol, para satisfacción de más del 70% del electorado, ansioso de una decisión.
El recurso de autocensura, sin embargo, no era de jure del todo limpio y surgieron dos escollos más. Por un lado, el presidente federal, Horst Köhler, contaba con un plazo de 21 días para darle luz verde a la decisión parlamentaria, y no las tenía todas consigo. Por otro lado, varios diputados en desacuerdo apelaron a la Corte Suprema. Por suerte, prevaleció de nuevo la cordura frente al formalismo a ultranza, vicio endémico de la democracia alemana. Así que unos 60 millones de ciudadanos con derecho al sufragio afrontarán el próximo 18 de septiembre una de las decisiones trascendentales en la historia de la RFA.
Renegados y populistas
Sin embargo, las zozobras estaban aún lejos de haber cesado para el atribulado canciller federal. En el ínterin, el renegado Oskar Lafontaine, ex secretario general del SPD hasta su pregonada renuncia en marzo de 1999 a ese cargo y al de ministro de Finanzas so pretexto de que "mi corazón late a la izquierda" (¿cuál no?), hizo efectiva su amenaza de crear un nuevo partido socialdemócrata de izquierda con la fundación de la Alternativa Electoral Trabajo y Justicia Social (WASG, en alemán), que enseguida recibió el apoyo de un nutrido grupo de tránsfugas sindicales y políticos disidentes del SPD.
La cosa no quedó ahí: pronto la WASG se fusionó con el Partido del Socialismo Democrático (PDS) del carismático líder germanooriental Gregor Gysi, dando origen a La Izquierda, que acapara alrededor de un 10% del electorado, con tendencia a la baja, pero siempre a costa del SPD en el Este.
Aunque es de esperar que La Izquierda, integrada por globalofóbicos y antineoliberales del Oeste y comunistas reciclados del Este —sirvan como botones de muestra estos dos ganchos surrealistas de su programa: prohibir la fuga de capitales en plena era de la globalización y elevar el salario mínimo mensual a 1.400 euros, sin aclarar de dónde van a sacar los 80-180 mil millones de euros necesarios a ese fin—, siga cayendo en las encuestas. Todo ello frente a una CDU/CSU que cuenta con un electorado estable y un socio (FDP) que, salvo discrepancias más de forma que de fondo, rema hacia el mismo puerto.
Poco antes de la votación en el Bundestag, Schröder había tenido que: 1) capear el sonado escándalo de las visas ilegales, que puso contra las cuerdas a su ministro del Exterior; 2) sofocar un conato de rebelión interna encabezado por Franz Müntefering, secretario del SPD y jefe de fracción, quien, al parecer mareado por la inminente debacle electoral socialdemócrata, a manera de ir preparando al partido para el gardeo a presión desde la oposición, en mayo visitó la casa natal de Carlos Marx en Tréveris y calificó a los inversionistas extranjeros de "plagas de langostas que arrasan con todo"; y 3) doblegar la resistencia de Los Verdes, cerrados en banda contra la idea de la moción de censura y las elecciones anticipadas. La ruptura con los ecologistas se veía venir desde hacía rato. Tan grave era que los dirigentes del SPD decidieron romper la coalición y presentarse solos a los comicios de este mes. |
