El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de México ratificó el martes una multa de más de 90 millones de dólares al Partido Revolucionario Institucional (PRI), por financiamiento irregular durante la campaña presidencial del año 2000, informó la agencia AP.

El TEPJF confirmó que el PRI recibió más de 45 millones de dólares del sindicato de Petróleos de México (PEMEX), y no reportó la cantidad a la autoridad electoral.

Según una orden del TEPJF, el Instituto Federal Electoral (IFE) comenzará a cobrar la multa a partir de junio próximo. El partido perderá la totalidad del financiamiento para las actividades ordinarias autorizadas de este año.

Además, a partir de 2004 el IFE le descontará el 50% de sus prerrogativas, también para actividades ordinarias, hasta que se cubran los 90 millones de dólares.

El PRI perdió la presidencia en el 2000 frente al Partido Acción Nacional (PAN), después de haber gobernado México durante 71 años seguidos.

El 14 de marzo pasado el IFE resolvió sancionar al partido, que días después apeló la multa ante el TEPJF.

Los representantes del PRI confiaban en que el fallo del Tribunal les fuera favorable. No obstante, la secretaria general partido, Elba Esther Gordillo, afirmó que acatarán la sentencia.

La BBC informó que el PRI ha comenzado a examinar fórmulas de recaudación de fondos entre empresarios afines, ex presidentes, legisladores, organizaciones y militantes para hacer frente a la multa, la mayor que se haya impuesto a un partido político mexicano.

Jorge Carlos Ramírez, vicecoordinador del PRI llamó a tomar medidas económicas que garanticen que la campaña electoral del partido no sufra contratiempos.

En una rueda de prensa, el coordinador de Asuntos Jurídicos del PRI, Miguel Ángel Yunes, señaló a un grupo de dirigentes, a los cuales calificó de "desleales", como el responsable del desvío de los fondos del sindicato petrolero que provocó la multimillonaria multa.

Yunes se negó a proporcionar nombres con el pretexto de no generar un nuevo escándalo.

El PAN, por su parte, consideró la multa "una actuación apegada a derecho" y la calificó como un paso importante para acabar con la impunidad en México.