El gobierno y el principal grupo paramilitar de Colombia acordaron el martes iniciar una negociación de paz que buscará desmovilizar a unos 10.000 elementos armados ilegales antes de 2005, informó Reuters.

"Se da por terminada la fase de exploración del proceso de paz, para dar inicio a una etapa de negociación", dijo un comunicado conjunto de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el gobierno del presidente Álvaro Uribe.

A pesar del histórico anuncio, aún se ve lejos el fin del conflicto interno que azota la nación.

Es la primera vez que se inicia una negociación formal de paz entre el gobierno y los escuadrones ilegales, acusados de contar con el apoyo de algunos sectores de las Fuerzas Armadas y de cometer las peores violaciones a los derechos humanos en el país.

"Las Autodefensas Unidas de Colombia se comprometen a desmovilizar a la totalidad de sus miembros, en un proceso gradual que comenzará antes de terminar el presente año y que deberá culminar a más tardar el 31 de diciembre de 2005. El gobierno se compromete a adelantar las acciones necesarias para reincorporarlos a la vida civil", precisó el acuerdo.

Los paramilitares combaten a la guerrilla del país en el marco de un conflicto interno de casi cuatro décadas, que ha dejado ya 40.000 muertos.

Analistas políticos creen que el acuerdo hará posible sacar del escenario de la confrontación a un importante actor, como los paramilitares, pero afirman que la paz no llegará hasta que no se logre un pacto con las guerrillas, o estás sean derrotadas militarmente, opción que parece poco probable a corto plazo.

Bogotá no tiene en la actualidad diálogos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ni con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los dos principales grupos guerrilleros del país, que tienen en conjunto unos 22.000 hombres en armas.

La negociación entre los paramilitares y el gobierno deberá superar por su parte varias dificultades, como los mecanismos jurídicos para conceder amnistías o indultos a los jefes paramilitares, acusados de masacres, secuestros y otras violaciones del Derecho Internacional Humanitario.

Los líderes de las AUC, Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, están solicitados en extradición por Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico, y recientemente Washington rechazó su pedido de un perdón condicional para facilitar el proceso de paz de Colombia.

El gobierno de Uribe, pese a la oposición de grupos de derechos humanos que han advertido que podría perpetuarse la impunidad, dijo en mayo que presentaría un proyecto de ley al Congreso para conceder libertad condicional a acusados de delitos atroces, como los paramilitares.

Castaño, quien dirige el combate ilegal a la guerrilla desde la década de 1980, luego de que ésta secuestró y asesinó a su padre, tiene varias sentencias pendientes ante la justicia y fue recientemente condenado a 40 años de cárcel por una matanza.

El acuerdo con los paramilitares se logró después de dos días de conversaciones entre los jefes de las AUC, el alto comisionado para la paz del gobierno, Luis Carlos Restrepo, y los integrantes de una comisión exploratoria.

Las partes convinieron la concentración de todos los miembros de las AUC en zonas previamente establecidas, "en un tiempo prudencial" y con protección permanente de la fuerza pública.

El acuerdo no fue firmado por las fuerzas paramilitares Bloque Central Bolívar ni la Alianza Oriente, que cuentan con más de 5.000 combatientes y que también mantienen un diálogo de paz con el gobierno.

Uribe, quien el martes instaló por tres días y en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, su gobierno en la conflictiva ciudad de Arauca, dijo el miércoles que la negociación con los grupos paramilitares contribuirá a la paz y al mejoramiento de los derechos humanos, pero admitió que aún falta mucho para el fin del conflicto armado que azota al país sudamericano.

El presidente colombiano anunció que continuará fortaleciendo a las Fuerzas Armadas para combatir a los violentos.