AFP/ Washington. La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó el lunes tratar el controvertido tema de la detención de extranjeros en la base naval estadounidense de Guantánamo.

Es la primera vez desde la captura de estos detenidos tras los atentados del 11 de septiembre y la operación Libertad Perdurable contra la red Al Qaeda y el régimen de los talibanes, que la Corte Suprema acepta tratar la constitucionalidad de su encarcelamiento sin proceso alguno.

Los nueve jueces limitarán su examen, sin embargo, a lo siguiente: "Determinar si Estados Unidos tiene la jurisdicción necesaria para detener legalmente a ciudadanos extranjeros capturados fuera de territorio norteamericano durante hostilidades, e internarlos en la base naval de Guantánamo, en Cuba".

En un documento público en el que explicitan brevemente su decisión, los nueve jueces precisan que las partes involucradas dispondrán conjuntamente de una hora para defender sus respectivas posiciones durante una sesión que tendrá lugar el año próximo.

Tribunales federales habían determinado hasta ahora que la situación geográfica y el estatuto jurídico de la base de Guantánamo impedían otorgar a los detenidos los mismos derechos constitucionales que a los detenidos en territorio estadounidense.

Esto hizo que las organizaciones defensoras de las libertades individuales, así como una veintena de juristas, ex diplomáticos y militares retirados se presentaran ante la Corte Suprema.

Las demandas interpuestas en los últimos meses se refieren particularmente a los casos de una docena de detenidos, algunos de los cuales son kuwaitíes, otros australianos y británicos, que se encuentran entre las 650 personas oriundas de 42 países encarceladas sin proceso, sin acusaciones y sin posibilidades de disponer de un abogado.

La administración Bush podría tener que explicar públicamente su negativa a considerarlos "prisioneros de guerra" protegidos por la Convención de Ginebra, y su preferencia por la denominación de "combatientes enemigos" o "combatientes ilegales".

"Es un paso fundamental, el primero", se felicitó Michael Ratner, del Centro por los Derechos Constitucionales, parte demandante.

"Desde el 11 de septiembre la administración lleva adelante una política que consideramos ilegal", agregó. "No se puede poner simplemente gente en prisión indefinidamente sin darle la posibilidad de presentarse ante un tribunal".

Las autoridades norteamericanas son, además, severamente criticadas en Estados Unidos y en el extranjero por mantener a estos prisioneros en Guantánamo sin respetar su derecho constitucional a "un proceso justo" y sin otorgarles el estatuto de prisioneros de guerra protegidos por la Convención de Ginebra.

El hecho de que la Corte haya aceptado tratar el tema no permite, sin embargo, prever el tenor de la respuesta que podrían dar los jueces.

Una señal de la eventual opinión de uno de los magistrados: el presidente de la Corte Suprema, William Rehnquist, es el autor del libro Todas las leyes menos una, de 1998, en el que preconiza la limitación de las libertades individuales en tiempos de guerra.

A principios de año, por el contrario, uno de sus colegas, Stephen Breyer, declaraba ante abogados de Nueva York que "la Constitución siempre está vigente, quizás y sobre todo en período de emergencia".

Francia reclamó el viernes a las autoridades estadounidenses "informaciones precisas" sobre las acusaciones que pesan sobre los seis ciudadanos de ese país detenidos en Guantánamo.

La ministra española de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, reiteró también el pedido de libertad para un español y calificó las detenciones en la base de Guantánamo como un "error mayúsculo de Estados Unidos".

"No puede ser que esta situación se prolongue", dijo la ministra interrogada por el canal de televisión Telecinco.

Palacio dijo confiar en que la sentencia del tribunal supremo estadounidense "abra un camino" para que los prisioneros "salgan del limbo jurídico".