El gobierno colombiano ha considerado un paso de avance hacia la paz la desmovilización el martes de 855 paramilitares. Sin embargo, el hecho ha desatado temores de un posible avance de la guerrilla y críticas de la oposición y organizaciones de defensa de los derechos humanos.

"Este es un gran paso y apenas el inicio de otro largo camino. Bienvenidos a la civilidad", dijo el comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, en la ceremonia realizada en el Palacio de Exposiciones de Medellín, al noreste del país, informó Reuters.

Los ex combatientes, en su mayoría jóvenes, pertenecían al Bloque Cacique Nutibara (BCN) de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que controlaba los suburbios de Medellín.

"Sacar de la guerra a tantas personas es un acontecimiento muy importante para la paz de Colombia", dijo el Ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, en diálogo con periodistas en la noche del martes.

En cambio, la senadora Piedad Córdoba, codirectora del Partido Liberal, el principal de la oposición, manifestó a la AP que "la imagen internacional de Colombia debe quedar muy lesionada con este proceso que no es ni claro ni transparente".

"Se supone que esas personas que se desmovilizaron no eran monjitas de la caridad ni estaban rezando el rosario con ametralladoras, se supone que cometieron delitos comunes, porque no son delincuentes políticos", agregó la dirigente opositora, quien reclamó castigo.

Las AUC son el mayor grupo paramilitar del país, con unos 13.000 efectivos liderados por Carlos Castaño y Salvatore Mancuso. Ambos han sido solicitados en extradición por Estados Unidos, que los acusa de narcotráfico y terrorismo.

"El camino de la paz está abierto", afirmó Castaño en un mensaje grabado en vídeo, que se presentó durante la ceremonia del martes.

Human Rights Watch (HRW) calificó de parodia la intervención de los jefes paramilitares. La organización de defensa de los derechos humanos acusa a las AUC de haber cometido las peores atrocidades en la guerra interna colombiana de casi cuatro décadas.

José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de HRW, dijo que en lugar de ponerles micrófonos y cámaras el gobierno debería concentrar sus esfuerzos en arrestarlos y llevarlos a la justicia.

El Ministro del Interior aseguró que los jóvenes que entregaron sus armas en Medellín y se comprometieron a no volver a combatir ni a delinquir, están "siendo investigados con lupa" para determinar si tienen cuentas pendientes con la justicia.

Agregó que este año se han desmovilizado casi 5.000 combatientes de la guerrilla y el paramilitarismo y que en ambos casos es necesario "investigarlos a todos pues puede haber infiltrados".

En Colombia y el exterior hay preocupación por una posible infiltración de narcotraficantes entre paramilitares que se desmovilizaron o piensan hacerlo para acogerse a los beneficios legales y económicos que se otorgan a los reinsertados.