Dos de los cinco directores del Consejo Nacional Electoral (CNE) entraron en un abierto enfrentamiento al acusarse mutuamente de hechos irregulares, lo que crispó las tensiones que existen en torno a la revisión de las firmas para llamar a un referendo contra el mandato del presidente Hugo Chávez.

Según informó AP, la rectora del CNE, Sobella Mejías, denunció el jueves que tres de los directores del organismo electoral incurrieron en graves omisiones al seleccionar la empresa que se encargará del conteo automatizado de los votos en un eventual referendo.

Mejías, señalada de simpatizar con la oposición, dijo en rueda de prensa que en la elección de la firma Smartmatic se "violaron" varios artículos de la Constitución y las leyes venezolanas.

La selección de la compañía fue hecha con los votos del presidente del organismo, Francisco Carrasquero, y los rectores Jorge Rodríguez y Oscar Battaglini, a quienes se vincula con el oficialismo. El vicepresidente del CNE, Ezequiel Zamora, y Mejías, se abstuvieron de votar.

Jorge Rodríguez replicó de inmediato a Mejías y la acusó de haber incurrido en actos de corrupción. "Cuando en el pasado se firmaron contratos en el CNE, claramente desventajosas para la nación (…) en todos esos contratos está estampada la firma de la secretaria del CNE de esa época, doctora Sobella Mejías", dijo.

Rodríguez afirmó que la actual directiva del Poder Electoral descubrió contratos desventajosos que incluían sobreprecios del 400% en la adquisición de las máquinas y contratos que no tenían garantías suficientes.

El CNE decidió la semana pasada, atendiendo a un pedido del oficialismo, pasar a revisión un lote de firmas argumentando que algunas podrían tener una caligrafía similar.

La medida generó malestar en la oposición, que esperaba un informe sobre las rúbricas para el pasado 13 de febrero. Finalmente, el Consejo pospuso su veredicto para marzo.

La oposición ha arreciado sus críticas contra el CNE, al que acusa de boicotear la verificación de las firmas.

De igual forma, Chávez ha intensificado las denuncias de fraude contra la oposición, que asegura haber logrado 3,4 millones de firmas para llamar al referendo.

La Constitución establece que para convocar a una consulta se requiere un 20% de las firmas (2,4 millones) del total de electores.