La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas condenó sin equívocos todos los actos, métodos y prácticas de terrorismo, y se solidarizó con las víctimas y sus familiares, al tiempo de pronunciarse por un reforzamiento de la cooperación internacional para prevenirlo y combatirlo.

Por iniciativa de México, la Comisión ha aprobado por consenso una resolución que además plantea el nombramiento de un experto independiente para que se ocupe de monitorear todas las informaciones fiables referidas al respeto a las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo y para respaldar el mandato del Alto Comisionado.

Según expertos, México ha impulsado una de las resoluciones más complejas de la actual coyuntura internacional. La decisión siguió a intensas negociaciones, que dieron como resultado el copatrocinio de 63 países (de todos los grupos regionales), de los cuales 27 son miembros de la Comisión.

La iniciativa mexicana tuvo que sortear un último momento de bloqueo, interpuesto por India, con el respaldo de Cuba, que planteaban después de cerrada la negociación introducir nuevas modificaciones, lo cual, a juicio de la subsecretaria mexicana, desvirtuaba el propósito de la resolución.

Y es que la subcomisión ya tiene una relatora especial encargada de estudiar amplia y conceptualmente el terrorismo y los derechos humanos, con una noción distinta a los objetivos del proyecto presentado por México. La propia relatora ha reconocido en 2003 que el examen de la compatibilidad de las medidas adoptadas en la lucha contra el terrorismo con las normas internacionales de derechos humanos es una tarea que sobrepasa sus capacidades.

Los analistas afirman que esta es una de las resoluciones más significativas de esta 60 sesión de la Comisión, ya que su alcance compromete no sólo al Alto Comisionado sino a los propios Estados.

La subsecretaria mexicana de Estado, Patricia Olamendi, al presentar el proyecto hizo hincapié precisamente en las responsabilidades de los Estados, que —dijo— "deben asegurarse de que cualquier medida que adopten para combatir el terrorismo cumpla con sus obligaciones de derecho internacional, en particular con las obligaciones en materia de derechos humanos, derecho internacional humanitario y de las normas internacionales de protección de los refugiados".

La resolución aprobada insiste en que es de importancia primordial vigilar el respeto a los derechos humanos, incluso frente al terrorismo o al temor al terrorismo, y pide se concluya el informe solicitado al Alto Comisionado por la Asamblea General, tendiente a determinar la capacidad de los procedimientos especiales para enfrentar la lucha antiterrorista.

En 2005, la Comisión mantendrá la presión sobre el problema de la lucha contra el terrorismo y el respeto a los derechos humanos, y sobre esa base deberá examinar el informe del experto independiente, el cual será sometido a consideración a través de la oficina del Alto Comisionado, en el mismo punto de la agenda referido a la promoción y protección de los derechos humanos.