El gobierno del presidente Álvaro Uribe alcanzó el jueves un crucial acuerdo con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para que los paramilitares empiecen a concentrarse en una zona del noroeste del país, informó la AP.

El área, de 368 kilómetros cuadrados, está cerca de la localidad de Tierralta en el departamento Córdoba, un bastión actual de los paramilitares. La vigencia será de seis meses, que serán prorrogables según las necesidades del proceso de paz.

En el área definida, las AUC se abstendrán de realizar actividades ilícitas, reclutar personas, presionar a la población civil, desarrollar entrenamiento militar y ordenar acciones armadas desde allí.

El gobierno calcula que se concentrarán 400 hombres armados, entre los que se incluyen los jefes de las Autodefensas y sus escoltas.

"En esta zona regirá plenamente la vigencia del Estado de Derecho, es decir las autoridades civiles y militares correspondientes", dijo a la prensa el Alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo.

El espacio aéreo correspondiente a la zona quedó suspendido para la navegación comercial y privada a menos de 10.000 pies. Cualquier aeronave que necesite sobrevolar el área tendrá que pedir autorización.

La fecha de instalación de la zona será acordada entre el gobierno y las AUC. El acceso al lugar y la seguridad del perímetro será controlado por la fuerza pública.

A los paramilitares que queden dentro del área, ubicada a 440 kilómetros al noroeste de Bogotá, no se les perseguirá por delitos que hayan cometido, aunque algunos comandantes están acusados de narcotráfico y graves violaciones a los derechos humanos.

"La orden de captura se levanta territorialmente", explicó Restrepo.

Una comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) verificará que en el área establecida los paramilitares respeten a la población civil.

"Nosotros observamos esto como un paso significativo y positivo para un proceso de pacificación", afirmó el delegado de la OEA, Sergio Caramagna, en Montería.

En la zona se establecerá un Comité de Seguridad y Convivencia, compuesto por un delegado del gobierno, uno de la OEA y uno de las AUC, que velará por el desarrollo de la vida normal.

La OEA a su vez recibirá un inventario de las armas, municiones, material de guerra y equipos de comunicaciones de los paramilitares en la zona. No se podrán ingresar armas adicionales o traficar con las existentes.

Los jefes paramilitares podrán recibir permisos del gobierno para salir de la zona con el fin de hacer "actividades relacionadas con la paz", indicó el Comisionado. Su seguridad será provista por la fuerza pública.

La concentración de los paramilitares era considerada una medida clave por el gobierno para destrabar las negociaciones con las AUC, que se habían estancado por el incumplimiento de los paramilitares del cese de hostilidades pactado, el rechazo de los comandantes a las extradiciones y la desaparición del líder histórico Carlos Castaño.

El acuerdo del jueves fue suscrito por el Comisionado con 10 comandantes paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso y Adolfo Paz. En la ceremonia en Santa Fe de Ralito estuvo presente la OEA y representantes de la Iglesia Católica.

Restrepo recalcó que la zona de ubicación de las AUC no se parecerá "en nada" a la zona de distensión cedida a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), durante el gobierno de Andrés Pastrana entre 1998 y 2002.

Esa zona de distensión tenía 42.000 kilómetros cuadrados y las autoridades judiciales, militares y policiales fueron sacadas del área por decisión gubernamental, tras la exigencia de los rebeldes.

Luego se probó que allí las FARC mantuvieron a personas secuestradas, traficaron armas y realizaron actividades ligadas al narcotráfico. Nunca los rebeldes aceptaron verificación internacional.

En julio del año pasado, el gobierno y las AUC alcanzaron un acuerdo para generar las condiciones para la desmovilización de 13.000 paramilitares antes del 31 de diciembre del 2005.