El gobierno y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) inauguran este jueves formalmente negociaciones para desmovilizar a unos 20.000 efectivos de los grupos armados ilegales, informó Reuters.

Aunque las negociaciones comenzaron en julio de 2003, el acto se ve como el comienzo de una nueva etapa, que se prevé concluya antes de diciembre de 2005.

El gobierno y los paramilitares deberán superar diversos obstáculos políticos y jurídicos para lograr el desmantelamiento de los escuadrones irregulares, que surgieron para combatir a los grupos armados izquierdistas.

"Comienza la hora de la verdad en el proceso con las autodefensas", dijo Sergio Caramagna, jefe de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) que asiste a las negociaciones.

Caramagna admitió que el proceso enfrentará dificultades.

Las negociaciones comienzan en Santa Fe de Ralito, una aldea ubicada en la llamada "zona de ubicación", de 368 kilómetros cuadrados, concedida a los paramilitares, en la que se concentran más de 10 jefes y 400 efectivos. En esa zona los líderes de los escuadrones no pueden ser capturados.

Los paramilitares están acusados de cometer las peores violaciones a los derechos humanos y de contar con el apoyo de algunos sectores de las fuerzas armadas, en medio del conflicto interno de cuatro décadas que deja miles de muertos cada año.

Los jefes de los escuadrones, considerados terroristas por Estados Unidos y acusados de financiarse a través del narcotráfico, son buscados en Colombia por delitos de lesa humanidad como masacres, amenazas y torturas. Washington ha pedido la extradición de muchos de ellos para juzgarlos por tráfico de drogas.

Los paramilitares, agrupados en las AUC, admitieron que aspiran a convertirse en una fuerza política al término de la negociación.

Pero el embajador de Estados Unidos en Colombia, William Wood, ha puesto en duda la intención de los paramilitares y denunció que siguen implicados en actividades criminales.

"No estoy seguro de que las autodefensas tengan como meta algo político, ni que tengan un programa político. Sólo tienen un programa, narcoterrorismo, y una sola agenda: destrucción", dijo recientemente.

"Nuestro apoyo al proceso es escéptico", agregó el embajador, quien recordó que no lo puede apoyar financieramente ni participar debido a que las AUC son consideradas grupos terroristas por Washington.

Los paramilitares advirtieron previamente que no están dispuestos a pagar con la cárcel los delitos de los que se les acusa en Colombia ni a ser extraditados a Estados Unidos.

Grupos de derechos humanos temen que la negociación abra el camino a la impunidad y exigen al gobierno un castigo para los paramilitares, de acuerdo con los delitos cometidos.