La justicia venezolana condenó a penas de entre tres y seis años de prisión a un grupo de ocho personas a las que consideró involucradas en los sucesos que sacaron brevemente del poder al presidente Hugo Chávez en abril de 2002, informó la BBC.

Los condenados son empresarios, líderes vecinales y estudiantiles, y obreros del estado Táchira, fronterizo con Colombia. Se les acusó de intentar deponer violentamente a Ronald Blanco La Cruz, gobernador de ese estado.

El 12 de abril de 2002, después de que fuera anunciada en cadena de radio y televisión la renuncia de Chávez, una turba se concentró frente a la residencia del gobernador de Táchira para exigir su salida del cargo.

Tres de los procesados fueron hallados culpables de complicidad inmediata en el delito de rebelión. Los otros cinco —incluida una mujer— fueron condenados por cooperación.

Los analistas consideran que el resultado del caso de Táchira deja un precedente legal importante justo cuando la Fiscalía ha empezado a citar a más de 400 personas que firmaron el documento de creación del breve gobierno de Pedro Carmona Estanga.

Se espera que muchos de quienes suscribieron ese único decreto constitutivo del fallido "gobierno provisional" sean acusados de rebelión civil en los próximos días.

José Luis Tamayo, uno de los abogados defensores de los condenados esta semana, anuncióque apelarán el fallo, y aseguró que con la sentencia "se están violando los derechos constitucionales de libertad de expresión, de manifestación e inclusive hasta el derecho a huelga".

Tamayo dijo que el concepto de rebelión civil no era procedente porque los acusados "no llevaban armas".

La defensa insistió en que no quedó establecido de quién eran cómplices los acusados y dónde está el principal responsable.

"Solicitar la renuncia no es deponer. Yo pregunto: ¿el general Lucas Rincón Romero incurrió en rebelión civil por haberle solicitado la dimisión a Chávez?", dijo Tamayo.

Rincón Romero fue el encargado de anunciar en la alocución por radio y televisión que el presidente había "aceptado" la renuncia que le pidió el alto mando militar.

Era el general de más alta graduación y fungía de Inspector Jefe de la Fuerza Armada Nacional. Ya en situación de retiro, se desempeñó hasta hace poco como ministro del Interior.

Muchos creen que es Rincón Romero el único que podría ofrecer la clave de los confusos sucesos de abril, porque fue él quien oficializó la salida de Chávez de la presidencia.

En octubre de 2002, el Tribunal Supremo de Justicia determinó que no hubo rebelión militar y, por lo tanto, no hubo golpe de Estado, ya que no se registró movilización de tropas ni de armamento.

Eso libró de responsabilidad a los jefes militares que públicamente retiraron su apoyo al presidente Chávez y pidieron su renuncia, después de que una marcha opositora no autorizada fuera atacada por francotiradores cuando se aproximaba al palacio de Miraflores, en el centro de Caracas.

En aquella jornada, 21 personas murieron por causa de disparos cuya procedencia todavía no ha sido esclarecida.

Hasta el veredicto sobre el caso de Táchira, muchos confiaban en la improcedencia de las acusaciones de rebelión, basados en la sentencia del Tribunal Supremo.