Los acontecimientos protagonizados recientemente por el régimen de Fidel Castro son de tal magnitud que parece necesario indagar en los objetivos de semejante ostentación de barbarie, cuyas consecuencias para la supervivencia del Gobierno de la Isla son todavía impredecibles.

Fidel Castro durante el 5to Encuentro de Economía sobre Globalización y Problemas del Desarrollo, celebrado en La Habana.

A partir de la desaparición de la Unión Soviética, Cuba se sumergió en una crisis económica que obligó a sus gobernantes a un conjunto de concesiones económicas y políticas que les permitieron, simultáneamente, aliviar la situación de la población y mantener un mínimo de aceptación en la comunidad internacional. Entre esas medidas, las más importantes fueron la dolarización de la economía, la autorización restringida de ciertas modalidades de trabajo por cuenta propia, los gestos de ¿buena voluntad? ante algunas figuras mundiales y una muy reticente tolerancia con la incipiente disidencia interna. Cierto que esas concesiones se hicieron a regañadientes, que muchas de ellas no fueron dotadas de un marco legal y que dependían del constante apremio internacional, al que se sumaban las presiones internas de una población sometida a niveles de pobreza tales que habían convertido a la otrora floreciente isla caribeña en una versión comunista del Haití de los Duvalier. A pesar de todo ello, había indicios que permitían atisbar el establecimiento de un equilibrio inestable cuyo paradigma parecía ser obtener las mayores ventajas posibles de unas pocas concesiones indispensables.

Sin embargo, a partir de 2002 se percibe que las cosas están cambiando. Por diferentes vías, La Habana comienza a hostigar de forma creciente a la revista Encuentro y a la publicación digital Encuentro en la Red, hostigamiento que alcanza sus niveles más escandalosos en la Feria del Libro de Guadalajara, cuando durante la presentación de un número de la revista mexicana Letras libres se implementa un vergonzoso show protagonizado por autoridades diz que culturales del régimen. A ello sigue una campaña destinada a demostrar que estas publicaciones son una especie de filial de la CIA, acompañada de presiones, cada vez más amenazantes, a sus colaboradores dentro de Cuba. Ya a comienzos de 2003, lo que parecía una reacción iracunda de Fidel Castro contra unas publicaciones que lo incomodaban, comienza a mostrarse como una operación de consecuencias mucho más graves. Con el pretexto del alarmante aumento del consumo de drogas en la Isla (habría que preguntarse de dónde salen esas drogas), el Gobierno desata una ofensiva contra los paupérrimos negocios privados que permiten la supervivencia de la población. Las ventas de pan, maní, sandwich y cosas por el estilo se convierten, nuevamente, en otros tantos actos delictivos. Son incautados peligrosos artilugios, tales como hornos microondas, televisores o equipos de música.

En marzo de 2003, la situación adquiere proporciones absolutamente desmesuradas con la detención y condena de 76 opositores pacíficos, cuyos delitos son explicitados como de opinión. Las acusaciones son tan torpes y la provocación a la comunidad internacional tan evidente, que incluso personalidades que hasta hace muy poco demostraban sus simpatías por el régimen, como el escritor y Premio Nobel José Saramago, muestran ahora su repudio.

La condena a muerte de tres secuestradores de una embarcación —que no provocaron víctimas—, es el hasta ahora colofón de un cambio de actitud que pareciera destinado a aislar más aún a Cuba.