Para que Cuba transite de manera ordenada y pacífica a la democracia, en vida de Fidel Castro, se requieren, por lo menos, dos condiciones: 1ª) que el Gobierno cubano esté dispuesto ya no a tolerar, sino a legalizar una oposición política nacional, con pleno acceso a todos los medios públicos para darse a conocer, ser elegida y, llegado el momento, formar gobierno;

El presidente George W. Bush en Camp Lajune, durante una ceremonia militar.

2ª) que el Gobierno de Estados Unidos abandone toda intervención directa en los asuntos cubanos, incluida la actual política de embargo y ajuste, y que se limite a favorecer un clima de competencia respetuosa y soberana entre el Gobierno de la Isla y la oposición interna y externa.

A pesar de tantas señales que inducen a pensar lo contrario, ambas condiciones no están ligadas a un pacto de perversión: cada una se debe a su propia historia y responde a su propia lógica. Nada garantiza que una mejoría en la situación de los derechos humanos en la Isla impulse de manera decisiva el levantamiento del embargo comercial y la derogación de la Ley de Ajuste Cubano. Pero tampoco hay suficientes elementos para afirmar que una normalización de los vínculos entre Estados Unidos y Cuba aceleraría, al menos en el corto plazo, un cambio de régimen en Cuba. Pareciera que la tensión se ha convertido en la única forma en que estos vecinos pueden relacionarse.

Es evidente que hoy la realidad política cubana está muy lejos de cualquiera de aquellas dos condiciones. En la Isla, han sido enjuiciados 79 opositores pacíficos —en ceremonias legales que son una burla del Estado de Derecho— contra quienes se solicitaron penas insólitas, como "cadena perpetua" por delitos de conciencia. En Washington, por su parte, un pequeño grupo de políticos extremistas, asesorados por filósofos neoimperiales como Wolfowitz y Perle, ponen en práctica la doctrina de la "guerra preventiva", arriesgando la ecología política y cultural del planeta. En las últimas semanas, ambos gobiernos han exhibido lo peor de sí: la dictadura cubana y el imperio norteamericano.

Con 44 años de confrontación a la vista, cabe preguntarse si es posible que algún día Estados Unidos y Cuba convivan en paz. ¿Estarán ambas naciones incapacitadas para una vecindad respetuosa? ¿Dejarán de ser Estados Unidos y Cuba ese gran imperio y esa pequeña dictadura que escenifican una nueva versión del combate bíblico entre David y Goliat en pleno mar Caribe? Aunque el fin de la confrontación nos resulte imperceptible, en algún momento de los próximos años tendrá que suceder, ya que es demasiado alto el costo de esa maldita vecindad para las varias generaciones de cubanos que habitamos en la Isla y en la diáspora.

Para que Estados Unidos y Cuba sostengan una relación diferente a la de un imperio y una dictadura, el primero debe limitar al mínimo su pretensión de hegemonía sobre la Isla, y la segunda debe flexibilizar al máximo su noción de la soberanía nacional. Sólo así, independencia y democracia dejarían de ser conceptos irreconciliables, la disidencia no se confundiría con enemistad, subversión o amenaza a la seguridad del Estado, y Washington aprendería a relacionarse con todos los actores de la política cubana —el Gobierno, la oposición, la diáspora…—, sin privilegiar la legitimidad de unos o desconocer la de otros.

Esa nueva relación entre dos democracias vecinas, a pesar de la asimetría de sus poderes y compromisos, no es imposible porque es fácil de imaginar. Sólo que, seguramente, será muy difícil de realizar. Medio siglo de tensión y recelo debería enseñar algo a los políticos de ambos países. Si los intereses nacionales de esos dos Estados, el de la Habana y el de Washington, no pueden acomodarse a un pacto de convivencia, entonces habrá que concluir que la dictadura y el imperio se merecen la una al otro y que los ciudadanos de ambos países debemos acostumbrarnos al odio y la desconfianza como estilos de vida.