Durante tres meses, el Gobierno de Fidel Castro ha intentado convencer a la opinión pública internacional de que el encarcelamiento de la oposición pacífica y moderada, en Cuba, fue una medida drástica y preventiva, dictada por razones de seguridad nacional. El propio Castro y otros funcionarios de su gobierno, como el canciller Felipe Pérez Roque, el presidente del Parlamento Ricardo Alarcón y el Ministro de Cultura Abel Prieto, han afirmado que los disidentes cubanos son "mercenarios" y "traidores", enrolados en una quinta columna que

Soldados de la 82 división aerotransportada de EE UU.

se prepara, dentro de la Isla, para apoyar una invasión militar de Estados Unidos, promovida por la "mafia terrorista de Miami". La vehemencia con que esos 75 disidentes, hoy presos, han defendido una transición pacífica a la democracia en los últimos diez años es, según La Habana, mero subterfugio de conspiradores belicosos.

Todavía varias semanas después de la caída de Bagdad, la posibilidad de una invasión a Cuba pudo parecer real a sectores de la opinión mundial que apoyan incondicionalmente a La Habana. El manifiesto A la conciencia del mundo, promovido por el sociólogo mexicano Pablo González Casanova y firmado por Gabriel García Márquez, Mario Benedetti y varios miles de intelectuales partidarios del Gobierno cubano, suscribía la idea de que las críticas contra la represión, aunque provinieran de reconocidas personalidades de la izquierda occidental como José Saramago, Günter Grass, Carlos Fuentes, Noam Chomsky o Susan Sontag, se sumaban a la "campaña anticubana" que "podría servir de argumento legitimador" para una invasión del enemigo. En su discurso del 1° de mayo, Fidel Castro fue más allá: predijo que esos intelectuales de izquierda, que habían criticado las medidas represivas, se avergonzarían de haber invocado la agresión cuando las bombas cayeran sobre La Habana. 

En los últimos tres meses, sin embargo, importantes funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, como el Secretario de Defensa Donald Rumsfeld, el Secretario de Estado Colin Powell, el Secretario de Vivienda Mel Martínez y el vocero presidencial Ari Fleischer, han declarado que Cuba no representa un peligro para la seguridad nacional norteamericana y que las represalias contra la Isla, tras el encarcelamiento de la disidencia interna, se mantendrían dentro de las opciones punitivas que, desde hace décadas, Washington contempla para momentos de crisis en el Caribe: recrudecimiento del embargo comercial por medio de la suspensión de vuelos directos o la contracción de las remesas del exilio, mayor apoyo a la oposición interna y externa e incremento de las trasmisiones de TV y Radio Martí. Aunque injusta, contraproducente y legitimadora del statu quo en la Isla, esa agenda se mantiene atada a la política cubana de la Guerra Fría, la cual quedó cifrada en el Pacto Kennedy-Kruschov de 1962, precisamente como una fórmula de sanciones que descartaría una incursión militar.

El 20 de mayo, Miami esperó en vano un anuncio de nuevas medidas contra Cuba desde la Casa Blanca. Ese día, el presidente Bush se limitó a reunirse con una representación de los expresos políticos cubanos en el exilio y a dirigir un breve mensaje en español a la población de la Isla. Más allá de lo ofensivo que puede resultar el hecho de que el día de la independencia de Cuba el presidente de Estados Unidos prometa "liberar" al pueblo cubano, lo cierto es que las más severas medidas —fin de los vuelos directos y disminución de las remesas— no fueron adoptadas. Lo único que obtuvieron de Washington los políticos cubanoamericanos fue el compromiso de aumentar el tiempo de trasmisiones televisivas y radiales desde La Florida —lo cual es de relativa eficacia, ya que TV Martí no se ve en Cuba—, y de elevar el apoyo financiero a la oposición, que tampoco es muy efectivo, pues la mayor cantidad del dinero se queda en Miami y se invierte en la política doméstica del partido republicano.