La opinión pública de Estados Unidos, el Congreso de ese país, la mayoría de la población cubana y, prácticamente, la totalidad del mundo occidental son partidarios del levantamiento del embargo comercial contra Cuba, de una normalización de las relaciones entre Washington y La Habana, del fin del régimen dictatorial de Fidel Castro, y de una transición pacífica y negociada a la democracia en la Isla. Sin embargo, no hay señales de que, en el corto plazo, ninguna de esas cuatro demandas se satisfaga. Pocas veces en la historia de la humanidad se ha dado una contradicción tan nítida entre la voluntad general de una nación y los intereses de sus dos poderes enfrentados: el de La Habana y el de Miami.

Negocios Cuba-EE UU: Más de 500 millones de dólares.

Sólo un interés demasiado poderoso, como el de la élite cubanoamericana, puede embaucar a una superpotencia planetaria en una política tan ineficiente e impopular. ¿Cómo definir el interés de un lobby migratorio que, aunque se contrapone al interés nacional de un estado fortísimo, determina el capítulo caribeño de la política exterior de la Casa Blanca? La única manera es por medio del entendimiento de una transacción bien amarrada que reporta ventajas comparativas a ambos socios: Miami vende a Washington los votos de la Florida; Washington vende a Miami el embargo comercial contra Cuba. Pero, ¿por qué le interesa tanto el embargo a Miami? Por una razón tangible: el embargo garantiza a las élites cubanoamericanas el rol protagónico en la futura reconstrucción económica de la Isla y, por tanto, una privilegiada plataforma de influencia en el orden político del poscastrismo.

Sin embargo, el gobierno de Fidel Castro, que hoy exhibe como un triunfo la abrumadora votación de la Asamblea General de la ONU contra el embargo, hace muy poco por la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, y la reconciliación nacional de los cubanos de la Isla y la diáspora. Ese gobierno, de hecho, instrumentó en la pasada primavera una brutal represión contra la oposición pacífica y moderada, a la cual acusó sin pruebas de ser mercenaria de Washington y Miami.

A juzgar por sus movimientos políticos en los últimos diez años (tensión migratoria, derribo de avionetas, caso Elián, campaña por la liberación de espías presos…) a La Habana no le interesa el levantamiento del embargo, sino la fractura entre Miami y Washington, que simbólicamente le es tan rentable de cara a un mundo cada vez más antiamericano.

¿Por qué el gobierno de Fidel Castro hace todo lo posible por boicotear la normalización de las relaciones con Estados Unidos y la reconciliación nacional de todos los cubanos, vivan donde vivan y piensen como piensen? ¿Por qué se resiste, con semejante tozudez, a conceder derechos públicos elementales a una ciudadanía cautiva?

Primero, porque mientras Washington y Miami sean sus enemigos, la oposición interna puede ser reprimida y descalificada como un agente foráneo. Segundo, porque mientras se mantenga el embargo, el sistema político puede preservarse autoritario y cerrado, con cierto respaldo internacional —sobre todo en América Latina, un aliado frágil de Estados Unidos—, y trabajando sigilosamente en una recomposición oligárquica que le permita hacer frente a la ausencia de Fidel Castro y la inevitable negociación con Miami que sobrevendrá.

El mensaje que envía al mundo el gobierno cubano, al comerciar con granjeros y ganaderos norteamericanos por más de 500 millones de dólares —mientras el Departamento de Estado defiende en solitario el embargo ante una ONU reacia—, es, una vez más, el del pobre paisito socialista que quiere abrirse y reformarse, pero Miami y Washington no lo dejan.

Ese mensaje, a pesar de la represión de la primavera y los 75 inocentes en cautiverio, sigue siendo bien recibido en buena parte del mundo, sobre todo en un momento de efervescencia antiamericana, alimentada por el fracaso de Irak. ¿Por qué no se atreven a acabar con este juego los políticos cubanos y cubanoamericanos? ¿Por qué no se arriesgan a acelerar el cambio democrático en Cuba? Sólo hay una respuesta: porque les resulta más cómodo y redituable mantener el status quo y llegar con fuerza a la transición. ¿El precio? Que lo paguen otros con la cárcel y la pobreza, la marginación y el exilio.