www.cubaencuentro.com Martes, 18 de mayo de 2004

 
  Parte 1/2
 
Vade voto
Las medidas de Bush sobre Cuba: ¿Ronda de consuelo para el exilio con derecho a las urnas?
por ALEJANDRO ARMENGOL, Miami
 

Por casi cuatro años, el presidente norteamericano, George W. Bush, ha tenido que realizar una tarea ingrata: mantener sin cambios fundamentales la política de este país hacia Cuba, aparentando que la endurece. Los exiliados de Miami no siempre han tragado el anzuelo, por lo que el mandatario ha recurrido al expediente fácil de dosificarla.

George Bush
Powell, Bush: 'Estamos trabajando para que llegue el día de la libertad en Cuba'.

Las nuevas medidas contra el gobierno de Fidel Castro, formuladas por una comisión gubernamental especial, no son una nueva vuelta de tuerca. Constituyen un regalo a un grupo de electores, de cara a la reñida contienda por la presidencia. Son casi un anuncio político pagado. Sólo que el dinero sale de los contribuyentes y de los sectores menos favorecidos de esta comunidad: aquellos que han llegado últimos, tienen familiares en Cuba y no son ciudadanos norteamericanos.

La mayor dificultad para Estados Unidos —a la hora de formular medidas políticas respecto a Castro— es que cuenta con opciones muy limitadas si quiere mantener el mismo rumbo. Cuba es una gran paradoja para Washington. En estos momentos, el régimen de La Habana no constituye una prioridad —casi puede decirse que tampoco un problema— en la complicada agenda de la nación, enfrascada en una lucha mundial contra el terrorismo islámico.

Al mismo tiempo, los votantes de la Florida ocupan el primer plano en la batalla por las urnas. La solución es no crear un nuevo frente de confrontación internacional, a la vez que se brinda una recompensa emocional a unos votantes belicosos.

Para la administración republicana, los votantes del exilio tienen mucho que ofrecer y se conforman con poco. No se explica de otra forma un conjunto de normas que pretende ocultar con unos cuantos millones y tres o cuatro restricciones la inexistencia de una estrategia más coherente para lidiar con el caso cubano.

Materia prima para el victimismo de Castro

Algunas de las recomendaciones —divulgadas por el subsecretario de Estado adjunto para Asuntos Interamericanos, Roger Noriega— sólo traen gastos y engorros a los exiliados con vínculos familiares estrechos en la Isla; dificultan el trabajo de apoyo a la disidencia y alimentan la retórica de Castro, al permitirle una vez más presentarse en el papel de víctima de la agresión de un país poderoso.

Las nuevas normas son hipócritas e inmorales —en lo que se refiere a las limitaciones de los viajes y el envío de remesas—, y lo único que se puede decir en su favor es que son moderadas respecto a las exigencias de la "línea dura" del exilio. Es inadmisible que un gobierno imponga restricciones de viaje y trate de administrar el dinero de quienes viven en el país.

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También es evidente que el gobierno del presidente Bush considera ciudadanos de segunda categoría a los residentes de Miami que viajan a Cuba, frente a los agricultores norteamericanos que visitan la Isla para vender sus productos. Si el dinero de quienes se preocupaban por sus familiares sirve para "mantener la represión", ¿tienen un objetivo distinto las ganancias derivadas de la comercialización de los alimentos procedentes de los mercados norteamericanos?

¿Cuáles son los argumentos jurídicos que puede esgrimir una nación democrática, para prohibir a sus ciudadanos y residentes el viajar libremente a su país de origen, aunque no tengan familiares cercanos en éste?

Castro tiene que agradecerle a Bush el invertir los términos de las restricciones a la libertad de movimiento para los nacidos en Cuba. Durante largos años se ha criticado a La Habana por negarle la salida a sus ciudadanos e imponer un permiso de entrada a los que regresan a visitar a sus familiares. Entrar y salir del país de origen es un derecho de todo ciudadano. Ahora la administración republicana va a limitar las visitas familiares de quienes viven en el exilio a una vez cada tres años y sólo a familiares directos. De derogarse el permiso de entrada a los exiliados cubanos —como ha planteado el régimen cubano—, será el gobierno de Estados Unidos quien cierre la puerta en la mayoría de los casos.

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