No es el poderío militar lo que fortalece a un Estado, sino su capacidad de dar respuesta a las expectativas ciudadanas, tanto en el orden cultural, como social, económico y político. Cuando el Estado por sí mismo no pueda cubrir tales demandas, o no existan otras estructuras en la sociedad para atenderlas, los ciudadanos buscarán la forma de cubrir sus necesidades, lo que suele hacerse de forma irregular, no legal, quebrantando tanto el canon jurídico como el moral, debilitando el orden interno y deshaciendo los hilos de la trama Estado-sociedad. Mientras menor sea la brecha que se abre entre las expectativas ciudadanas y la capacidad de respuesta del Estado, mayor serán la fortaleza de este último y la estabilidad ciudadana o social, y viceversa.

El Estado moderno ha de procurar cada vez mayor consenso social, lo que no se logra mediante leyes que establecen la obediencia ciudadana y limitan su iniciativa. Aquí me inclino por la propuesta del alemán Jürgen Habermas, según la cual no soy yo quien decide que mi acción habrá de convertirse en una ley universal aceptada por todos, sino que yo estoy dispuesto a someter mi acción, y mi argumentación, a la libre y racional discusión y argumentación de todos para probar su pretensión de universalidad.

Pero en el caso de los opositores detenidos, está también la cuestión humanitaria.

Principal costo: el humano

Las condiciones carcelarias de los sancionados hace un año por motivos políticos —ubicados a cientos de kilómetros de sus casas, con cuatro visitas familiares al año y difíciles condiciones de reclusión, de acuerdo con los testimonios de sus familiares—, unido a las largas sanciones, hacen más difícil comprender la situación.

"Un significativo gesto de clemencia", como pidió el Papa, sigue siendo un reclamo válido. Un acto de clemencia no es manifestación de debilidad, sino de fortaleza, sobre todo moral. Un Estado que practica la clemencia y la benevolencia mediante leyes que alivien el peso de la ciudadanía, que busque cada vez más el consenso y tenga en cuenta las opiniones divergentes, se fortalece ante los ojos de los ciudadanos.

Considero que un indulto o conmutación de las duras sanciones a estos opositores o disidentes es conveniente hoy en Cuba, y no sería la primera vez. Conveniente no para evitar el voto de censura en Ginebra, ni porque lo demanden otros gobiernos o para buscar el fin de determinadas sanciones, sino porque ello haría más estable y armónica la vida nacional.

El costo humano provocado por las limitaciones legales internas, para nuestra convivencia nacional, es mucho más determinante e importante que el costo político o económico provocado por las sanciones impuestas desde el exterior.

No se trata de ceder ante la crítica de terceros —algo difícil de evitar en estos tiempos—, sino del derecho de todos los cubanos a lograr, dentro de un marco legal lógico, ordenado y equilibrado, una vida más plena y feliz que incluye también establecer canales apropiados para expresar los más diversos criterios que aquí, como en toda sociedad, existen y merecen respuesta. No todos pensamos ni pensaremos lo mismo en Cuba, pero Cuba es y seguirá siendo el mismo y único espacio de todos.

* Este artículo obtuvo Premio a la Excelencia Periodística 2004 en el concurso anual que organiza la Unión Católica Internacional de la Prensa (UCIP). Fue publicado inicialmente en la revista Palabra Nueva, de la Arquidiócesis de La Habana.