La escueta noticia es que "una más de las consecuencias habidas tras la ruptura de las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Uruguay y Cuba, el 24 de abril de 2002, ha sido la exclusión del país caribeño de la presidencia del Comité de Representantes de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), con sede en Montevideo".

Embajador Juan F. Rojas Penso, secretario general de ALADI.

¿Qué es ALADI? Un gigante, en todo caso. Del total iberoamericano, los miembros de ALADI representan el 95% del Producto Interno Bruto, el 87% del territorio y el 86% de la población. Infelizmente, el tema es poco conocido para el gran público, acaso porque hay elementos malintencionados o ignorantes que prefieren centrarse en los desaciertos de la región y no en sus éxitos. Sin embargo, el asunto es sencillo, a pesar de la complejidad que parecería tener.

Historia de un tratado

La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) se constituye en febrero de 1960 por el Tratado de Montevideo, que suscriben Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Más tarde, se adhieren Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia y, limitadamente, República Dominicana. En su inicio, la ALALC crea una zona de libre comercio por un plazo de 12 años, después ampliado a 20. Durante este período, los miembros eliminarían gradualmente todos los aranceles y restricciones al comercio entre ellos.

En 1980, los miembros de ALALC crean la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), que liberaliza muchos de los postulados del tratado anterior, aunque algunos de ellos ya habían cumplido su cometido. El Comité Ejecutivo de ALADI consta de un presidente y dos vicepresidentes, que proceden de los países miembros y son elegidos rotativa y alfabéticamente por un año.

En 1965, los bancos centrales de los países de la entonces ALALC firman el Acuerdo de Pagos y Créditos Recíprocos (CCR, en el argot financiero), que en 1980 se incorpora a la ALADI. El CCR es un sistema de compensación de las operaciones comerciales y financieras entre los bancos comerciales de los miembros, canalizadas a la postre a través de sus bancos centrales, y dentro de cupos de crédito previamente establecidos. Los saldos se liquidan bilateralmente cada cuatro meses, en dólares, la moneda-base de ALADI. Así, por ejemplo, si en un período se contabilizan pagos argentinos al Brasil por US$ 100 millones, y pagos brasileños a la Argentina por US$ 90 millones, hay un saldo de US$ 10 millones a favor de Brasil, que en el momento del ajuste Argentina abona a Brasil. Resultado de expertos financieros y no de políticos, el CCR proporciona dos ventajas principales:

La primera es que se establece un circuito de financiación intra-ALADI. Es decir, durante el ya mencionado período de cuatro meses, el miembro deudor no necesita utilizar reservas o captar recursos externos para pagar al acreedor. Esto tuvo especial realce durante la llamada década perdida (1982-1990), cuando la crisis de la deuda secó las fuentes de financiación externa.

La otra es que da acceso a crédito a miembros más débiles, porque toda operación registrada dentro del CCR goza de la garantía incondicional de los bancos centrales del país deudor y del acreedor. Así, por ejemplo, una empresa de Colombia (país con amplio acceso a crédito internacional) vende una central eléctrica de US$ 50 millones —pagaderos a lo largo de 10 años— a la República Dominicana (que en circuitos normales no tiene calificación como deudor a largo plazo).

Como evidencia del crédito, el vendedor colombiano emite letras que acepta el banco comercial dominicano que canalizó la operación. Las letras entonces se registran ante los bancos centrales de Colombia y República Dominicana. A sus respectivos vencimientos, el tenedor puede demandar el pago, indistintamente a uno u otro banco central. Dentro de este esquema, el proveedor puede vender las letras, sin recurso, a un banco internacional que probablemente las califique como riesgo colombiano. El resultado es que Colombia puede extender crédito a República Dominicana sin utilizar recursos, y República Dominicana puede recibir financiación a largo plazo, que de otra forma le sería difícil.

Durante los 38 años que van de 1965 a 1993, se han cursado un total de US$ 213,8 millardos dentro del CCR, o el 34,4% del comercio interregional. Salvo episodios esporádicos que han envuelto operaciones fraudulentas, en los casi 40 años de CCR nunca se ha producido un incumplimiento por parte de país miembro alguno, ni siquiera durante los negros años de la década perdida. Esto ya habla por sí solo de la seriedad e idoneidad del Tratado.