El viernes 10 de diciembre, la Conferencia Anual (2004) del Colegio de Economistas de Cuba examinó desde Miami la transición socioeconómica en la Isla. Además de la visión panorámica, se desfogó la pasión analítica en la infraestructura económica y el medio ambiente, la relación Economía-Estado de Derecho, las políticas monetaria y fiscal, el comercio exterior e interno, las pequeñas y medianas empresas, la inversión extranjera directa e indirecta, la diversificación y desarrollo de la agricultura, el fomento de la industria y de la banca de desarrollo, los planes de urbanización y viviendas, así como la salud pública y los demás servicios sociales.

¿Se ha reducido a la 'bodega llena' el ideal democrático de los cubanos? (Cubanet)

Esta calistenia futurista no debe calentar las cabezas. Ninguna propuesta específica puede acogerse sin reservas. A la hora del cuajo, los expertos se quejarán de recibir poca atención y de que las decisiones se politizan. Desde que se levante la primera prohibición dictatorial castrista, toda medida pragmática tendrá implicaciones éticas y en cada esquina transicional acechará el peligro de que las profecías políticas, económicas y sociales pasen como guías redentoras.

Las opiniones sobre la transición suelen afrontar la doble tacha de que se dispersan mucho en los escenarios posibles y no aportan soluciones. El contra-argumento más afiebrado es que los problemas de Cuba se resolverán con democracia plena, o dará lo mismo quien siga mandando. Para la templanza pudieran tomarse los remedios de Habermas: desde la contradicción entre imperativos de mercado e ideal democrático (Problemas de legitimación en el capitalismo tardío, 1973), hasta el contraste de la realidad social contemporánea, dominada por el dinero y el poder, con las exigencias normativas de la democracia radical (Facticidad y validez, 1992).

Al menos desde Rousseau se sabe que "no existirá jamás verdadera democracia, ni ha existido nunca" (El contrato social, 1762). Sólo cabe contentarse con algún remedo. En el cajón de sastre democrático luce mucho el traje talar que, además del paño electoral común, lleva separación de poderes, sistema de precios, redistribución de la riqueza e imperio de la ley. Sin embargo, estas hechuras tienden a correr la misma suerte de los títulos y subtítulos de la literatura de ideas, que primero atraen al lector y luego no se encuentran justificados en el texto.

Democracia y economía de mercado

Según Lowenstein (Teoría de la constitución, 1965) y Böckenförde (Estudios sobre el estado de derecho y la democracia, 2000), los Estados modernos no admiten ya separación de poderes, sino más bien división o reparto de funciones, desde el foco del poder soberano. Mas no tiene mérito tirar lazos académicos para coger al toro de la transición por los cuernos teóricos: no hay sinergia maquinal entre democracia y economía de mercado, sino más bien toma y daca entre ellas.

Ojalá que la mayoría de los cubanos dé prioridad a las reglas democráticas, porque la prueba decisiva de sujeción a ellas no tiene arraigo histórico. Desde el estreno republicano de Estrada Palma (1902), los partidos gobernantes no acostumbran, cuando pierden las elecciones, a entregar sin dilación el poder a sus opositores.

Otro problema es la secuencia. Moderar la inflación, por ejemplo, supondría reajustar el balance macroeconómico y eliminar el déficit presupuestario. Ambas medidas entrañan sacrificios para determinados sectores sociales. Se impondrán más fácil y mejor cuanto más firmes sean las autoridades políticas. Podría hacerse a lo chino, sin molestarse por convencer a comités de legisladores, líderes de opinión, grupos de presión y mucho menos a la gente. Al tenor democrático, habría que oír primero a los grupos implicados y ganar después la mayoría parlamentaria.