El presidente del Cuba Study Group, Carlos Saladrigas, ha ratificado el objetivo de promover el "cambio pacífico y ordenado hacia la democracia" en Cuba. Tras décadas de dictadura y penuria, es casi evidente que la transición debe irrogar el menor malestar y la mayor calidad de vida posibles. Nada será igual en la Isla si, a resultas del cambio decisivo, unos cuelgan a otros o se reparten otra vez condenas de prisión y muerte. No obstante, la cosa dista mucho de coser economía de mercado y cantar democracia.

Propiedades: ¿devolverlas, venderlas o entregarlas a los empleados?

No hay recetas previas: poco puede aventurarse acerca de procesos políticos cargados hasta el tope de complicaciones éticas. Ni siquiera se descarta la tentación china de dictadura reformista, que imponga la economía de mercado, y sanseacabó. La primera carta que debe ponerse boca arriba, sobre el tapete de la trasición, es el dilema de echarle la culpa ya sólo al castrismo, o también a los individuos.

En este último caso, ¿quiénes serían los jueces? No es fácil administrar justicia sin disponer con antelación del aparato judicial independiente y de los magistrados con tesitura desprejuiciada. Tampoco sería tolerable que la justicia prosiga como mero instrumento de los vencedores. ¿Volverían, transfigurados, los tribunales revolucionarios de Castro, o aquellos de urgencia batistiana?

Además del binomio crimen y castigo, el resarcimiento de las víctimas acentúa el perfil jurídico de aquel dilema ético. ¿Deben devolverse las propiedades confiscadas por el gobierno castrista? Semejante restitución rezuma el amargo sabor justiciero de la llamada Ley Helms-Burton, y se complica en virtud de que las propiedades antedichas se han modificado sensiblemente por causa de inversión, abandono o simple paso del tiempo.

Habría que indemnizar, pero… ¿quién acabaría pagando? El nuevo Estado percibirá, como todos, sus ingresos fundamentales a partir de impuestos y empréstitos. ¿Por qué deberían los contribuyentes hogaño pagar las injusticias de antaño, si los expropiados por Castro jamás atinaron a expropiarlo?

El afán justiciero transitará por todos los recovecos sociopolíticos. No sólo despertará miedo cerval, aun entre los más inocentes, por la expectativa de ser considerado sospechoso o responsable de algo sucedido bajo el régimen anterior. También se invocará la justicia para determinar qué hacer con las propiedades estatales: ¿devolverlas a sus antiguos dueños, venderlas al mejor postor, entregarlas a los empleados o distribuirlas equitativamente entre todos? Tal parece que la mejor solución derivaría de otro problema con mayor solera práctica: ¿qué hacer para generar cuanto antes riqueza y bienestar materiales?