En el caso de las propiedades nacionalizadas a cubanos, cualquier decisión al respecto es competencia exclusiva del Estado del cual eran personas jurídicas y donde ocurrieron los hechos: Cuba. Otorgar a esos reclamantes derechos especiales sería discriminatorio con el resto de las personas nacionalizadas norteamericanas e inconsistente con el Derecho Internacional y los precedentes jurídicos de Cuba y EE UU, donde jamás la adquisición de una nueva ciudadanía ha conferido derechos retroactivos.

Ya dentro de la jurisdicción cubana, dichas compensaciones son parte de la reconciliación nacional, pues no hay duda de que en el proceso de nacionalizaciones se cometieron variadas injusticias. Sin embargo, conviene contextualizar el tema desde su importancia relativa y costo de oportunidad.

Los recursos financieros y el capital político son escasos. Nada justifica poner en riesgo la viabilidad del necesario crecimiento económico, la preservación de los niveles desarrollados en educación y salud —derechos humanos reconocidos— y ventajas adquiridas para la inversión extranjera; ni adicionar presiones al sistema de seguridad social sólo para compensar a personas que en su mayoría no dependen de esos fondos para sobrevivir.

Reparar las injusticias del pasado no puede ser pretexto para imponer nuevas injusticias a través de nuevos impuestos, o despojando de sus propiedades a los más pobres, que han vivido casi medio siglo bajo el actual régimen y no tienen responsabilidad especial por las injusticias cometidas.

Abrir un tema como reparación monetaria o restitución tendría un costo elevadísimo. Varios actos de confiscación y nacionalización, a tenor de la creación del Ministerio de Recuperación de Bienes Malversados y las leyes de Reforma Agraria, fueron actos soberanos y populares contra la corrupción y el latifundio. Cualquier gobierno cubano comprometido con la justicia y el futuro investigaría evasiones fiscales o ilegalidades cometidas por los reclamantes para cancelar la compensación, así como cerrar el vínculo familiar y lugar de residencia de los mismos.

Eso de por sí traería una intrincada madeja de pleitos judiciales, entre otros costos de transacción, que incrementarían las fractura y factura nacionales. En lugar de dedicar fondos a procesos judiciales e investigaciones, esos recursos serían usados más eficientemente en acciones de educación para la democracia y la profesionalización del servicio público.

Si minimizar el monto económico de las compensaciones es importante, también lo es reconocer su simbolismo político. Quizás gestos de reconocimiento público sean la mejor compensación. Una fórmula factible sería otorgarle a los primeros descendientes de los reclamantes la posibilidad de estudiar en Cuba —sin pagar los costos de la matrícula universitaria— u ofrecer exenciones fiscales comerciables a reclamantes que ofrezcan inversión nueva en el país.

La economía de mercado requiere claros derechos de propiedad, pero las restituciones no son la forma óptima de definirlos. El economista peruano Hernando de Soto ha descrito cómo poseer títulos de propiedad de casas, autos, tierras. La existencia de un mercado a ese respecto aumenta la disponibilidad de créditos y las capacidades empresariales, especialmente entre los más pobres. En Cuba, es conveniente terminar la incompleta redistribución que ha tenido lugar, dando plena capacidad de vender y comprar esos activos, o usarlos como colaterales para créditos a aquellos que poseen los actuales títulos de propiedad, que hoy crean notables distorsiones por estar incompletos. El gobierno actual podría adelantar pasos en esa dirección.