Estos exiliados de la segunda oleada —no batistianos y en muchos casos antibatistianos—, entre quienes se cuentan funcionarios de la primera etapa del castrismo como Felipe Pazos y José Miró Cardona, o asesores económicos del régimen como el industrial Pepín Bosch, tienen históricamente mayores nexos con Estados Unidos y son los que tienen más éxito en convertir a este país en un aliado que les ayude a la remoción de lo que ya se perfila como una tiranía. Para entonces, las propiedades norteamericanas en Cuba ya han sido confiscadas y Estados Unidos responde con la ruptura de relaciones diplomáticas y luego con la imposición del embargo económico que, con altas y bajas, dura hasta hoy.

Así, pues, López-Levy incurre en una tendenciosa confusión cuando identifica a los "batistianos" con la oligarquía cubana. Es de este último grupo de donde parte la mayoría de las reclamaciones de propiedades, a las cuales muchos de sus legítimos dueños no están dispuestos a olvidar ni a renunciar.

Reclamos, embargo y legitimidad

Por otra parte, me parece un argumento infundado contraponer el reclamo de propiedades en Cuba a la viabilidad de un proceso democrático, así como legitimar el expolio al decir que debe otorgarse "real poder de venta y compra de viviendas y la tierra para (sic) aquellos que las tienen hoy". En esta afirmación el Sr. López-Levy vuelve a tergiversar la verdad para acomodarla a su argumento.

Valga aclarar que las propiedades reclamadas por personas del exilio son, en su inmensa mayoría, tierras, industrias y empresas financieras (es decir, bancos) o de servicios que no se encuentran en la actualidad en manos de particulares, sino del Estado y, en algunos casos, de codiciosos inversionistas extranjeros que funcionan como socios minoritarios.

De suerte que la devolución de estas propiedades a sus legítimos dueños sería un acto de retribución justa fácil de hacer, sin perjuicio de ningún ciudadano ordinario, al tiempo que se le aliviaría al futuro Estado cubano de una onerosa responsabilidad (no hay que olvidar que la mayoría de estas empresas se encuentra actualmente en la ruina).

Asimismo, las grandes mansiones susceptibles de ser reclamadas por sus antiguos dueños también se encuentran en manos del Estado, ya convertidas en dependencias públicas, ya en residencias de la cúpula gobernante, y no habría ninguna razón válida para no devolverlas.

No conozco a nadie que reclame la devolución de una casa modesta o de un apartamento deteriorado por los años y que ha mudado varias veces de dueño en casi medio siglo. Este tipo de reclamaciones, que sí serían espinosas, impracticables e incluso injustas, con las que a diario se asusta a los cubanos de la Isla, apenas si encuentran eco en el exilio, por mucho que López-Levy se esfuerce en destacarlas para reforzar su punto de vista.

Me aventuro a opinar, entonces, que López-Levy y los que piensan parecido a él, en Cuba o fuera de Cuba, se oponen a estas reclamaciones y devoluciones no porque vayan a afectar a ningún cubano de a pie víctima como nosotros de la tiranía; sino porque tal reclamo cuestiona la legitimidad de la gestión castrista casi desde su comienzo y en esto radica el conflicto: entre los que creen que el castrismo se trata de un proceso "natural" de la historia de Cuba, con sus luces y sus sombras, sus grandezas y sus miserias, sus logros y sus fracasos; y los que creemos que se trata de un orden ilícito y usurpador sin ninguna cualidad que pueda redimirlo, que sacó a Cuba de sus carriles para hundirla en la abyección y la miseria. Es en este punto donde a mí me parece que existen posiciones irreconciliables, y López-Levy debería asumir la suya sin apelar a subterfugios ni falsas premisas.

Aquí viene muy bien traer a colación el debatido tema del embargo económico que, en su trabajo, López-Levy insiste en pintarlo como el cruel causante de las actuales miserias de los cubanos de la Isla, al tiempo que destaca su ineficacia para terminar con el régimen castrista. Con esto último podría estar totalmente de acuerdo; si no fuera por creer, desde hace mucho, que el embargo económico no existe para derribar al castrismo, sino tan sólo —o fundamentalmente— para subrayar la ilegitimidad de la tiranía; pese a que esa ilegitimidad apenas encuentra eco en la comunidad internacional.

No creo sinceramente que el mantenimiento del embargo —incluso aunque se aplicaran los artículos de la Ley Helms-Burton que periódicamente se suspenden— llegue a producir un cambio político en Cuba, como tampoco creo que el levantamiento de estas sanciones vaya a traerles a los cubanos substanciales beneficios.