DeLay ejerció una influencia decisiva en lograr que las propuestas no fueran aprobadas. Incluso logró que las votaciones fueran más desfavorables que en años anteriores. Su estrategia estuvo marcada por conquistar a los nuevos congresistas para que votaran en contra. En el caso del proyecto de Flake, los cinco nuevos miembros republicanos de la Cámara procedentes de Texas votaron en contra.

Hay que añadir que DeLay no estuvo sólo en el empeño. Otros congresistas que desempeñaron una labor destacada en esta victoria fueron los representantes por la Florida Ileana Ros-Lehtinen y los hermanos Lincoln y Mario Díaz-Balart. El grupo del exilio US-Cuba Democracy PAC ayudó al triunfo, al conseguir que 19 legisladores cambiaran de opinión, luego que la organización les ofreciera contribuciones de campaña.

Lo anterior es un ejemplo del papel desempeñado por el legislador en favor del mantenimiento y aumento del embargo y las limitaciones en los viajes a la Isla. Su salida temporal del liderazgo cameral no significa un cambio de 180 grados en las expectativas de una mayor flexibilidad en un futuro cercano. Pero sí es un golpe hacia los aliados de una "política de línea dura" frente al gobierno cubano.

A DeLay se le atribuye en gran parte el mantener la unidad republicana como un bloque a prueba de fisuras, el mantener un frente unido de apoyo a las políticas de la Casa Blanca por encima de las diversas tendencias dentro del Partido Republicano. Este carácter monolítico, que ha caracterizado al gobierno del presidente Bush, comienza a resquebrajarse —los factores son múltiples— y en lo adelante se verán señales de que cada legislador comenzará a actuar según sus intereses y de cara a los comicios del próximo año.

Y precisamente en las normas que deben guiar la relación entre EE UU y Cuba, hay puntos de vista variados desde hace años entre los republicanos, sobre todo en lo que respecta a los viajes, el embargo y los nexos comerciales.

Donaciones bajo investigación

Los problemas de DeLay no se limitan a los cargos presentados en su cargo por un jurado investigador de Texas. Es el legislador más sancionado en la actualidad por el Comité de Ética de la Cámara. Con tres sanciones en su contra, se encuentra bajo un intenso escrutinio por sus supuestos vínculos con el cabildero Jack Abramoff —quien es objeto de una investigación legal por parte del gobierno federal.

Desde viajes financiados por una supuesta organización caritativa hasta honorarios a su esposa e hija por labores de campaña, lo que está bajo lupa guarda relación tanto con el tráfico de influencias como con regalos solicitados por miembros de su equipo. El proceso también implica a varios de sus asociados.

Desde que DeLay obtuvo el liderazgo de la Cámara, hace una década, no sólo ha acumulado un enorme capital político, que lo convirtió en el tercer hombre más importante en Washington, luego de Bush y el vicepresidente Dick Cheney. Ha recibido millones de dólares en contribuciones de campaña que ha utilizado para beneficiar las campañas políticas de algunos de sus colegas, mediante el comité de acción política (PAC) que lleva el nombre de Americans for a Republican Majority (ARMPAC).

Entre los beneficiados se encuentran varios legisladores de la Florida. Uno es Mario Díaz-Balart, que recibió 10.000 dólares. De esta cifra Díaz-Balart ha donado 5.000 para el fondo destinado a la defensa legal del legislador. Tras la formulación de cargos al líder republicano, los demócratas han pedido que el dinero sea devuelto, entregado a organizaciones caritativas o donado a las víctimas del reciente huracán Katrina. Sólo han prometido hacerlo tres republicanos de la Cámara: los legisladores Kenny Hulshof (Missouri), Heather Wilson (Nuevo México) y Jeb Bradley (New Hampshire). Díaz-Balart ha dicho que sólo devolvería el dinero si DeLay resulta condenado.

Dinero de corporaciones

DeLay no está acusado de utilizar dinero corporativo de forma indebida, sino de permitir a otros ese uso. De ahí el cargo de conspiración. Son varias las firmas a las que se les cuestiona algunas de sus donaciones electorales. Entre ellas está una muy conocida por los cubanos. El jurado investigador ha formulado cargos contra Bacardi USA, por hacer contribuciones ilegales de campaña por valor de 20.000 dólares a los candidatos a la legislatura estatal de Texas, en el caso vinculado con el legislador republicano.