¿Cómo fue posible que un grupo de jóvenes intelectuales, en época tan temprana como 1923, pudieran escenificar un acto cívico público contra el gobierno, publicar sus razones en la prensa nacional, anunciar su disposición a "adoptar idéntica actitud de protesta en todo acto en el que tome parte directa o indirecta una personalidad tachable de falta de patriotismo o de decoro ciudadano", ser acusados y resultar absueltos por los tribunales?

El proceso de institucionalización democrática iniciado con la Constitución de 1901, que sancionó la separación de los poderes públicos y el reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales, propició el surgimiento de la sociedad civil y de los espacios públicos donde se incubaron acciones y hechos como: la oposición de los estudiantes universitarios en 1921 a que se concediera el título de Doctor Honoris Causa al General Leonardo Wood y a Enoch H. Crowder; la fundación de la Federación de Estudiantes Universitarios en diciembre de 1922 y el reclamo de la autonomía universitaria; el Manifiesto a los Cubanos, emitido en 1923 por la Junta Cubana de Renovación Nacional encabezada por Don Fernando Ortiz; la fundación de la Falange de Acción Cubana y del Movimiento de Veteranos y Patriotas en 1923; o el vertiginoso desarrollo del movimiento sindical cubano que desde la Huelga de los Aprendices en 1902 se extendió por todo el país e influyó en la aprobación de varias legislaciones favorables a los trabajadores.

La entrada en la escena política de las nuevas fuerzas que representaban el relevo histórico en hechos como la Protesta de los Trece, no hubiera sido posible en ausencia de ese contexto institucional que elevó la cultura cubana a un estadio de dignidad y responsabilidad cívica en los destinos de la nación inconclusa.

La estrecha relación entre derechos-libertades institucionalizados y progreso social demuestra que en Cuba la pérdida de los primeros conllevó al traspaso de la soberanía popular a manos del Estado y al actual estancamiento social en que se encuentra la nación. Esa conclusión indica la prioridad que corresponde a la conformación de una cultura ciudadana de derechos y a la reconstrucción de la sociedad civil y de los espacios públicos correspondientes, como premisa obligada del proceso de democratización y de participación ciudadana en los destinos nacionales, sin lo cual será muy difícil realizar acciones cívicas como la que protagonizaron los firmantes de la histórica Protesta de los Trece.