La celebración de esta asamblea coincide con un momento verdaderamente dramático para las libertades civiles y el periodismo independiente en Cuba. En la presente semana, el gobierno cubano ha desatado una violenta oleada represiva que incluye allanamientos de domicilios, registros, confiscaciones y arrestos dirigidos a desmantelar la creciente oposición pacífica y el movimiento de periodistas independientes en el país.

En los días previos han sido arrestados una veintena de profesionales independientes como parte de operativos policiales en La Habana y varias ciudades del interior, alentados por un discurso gubernamental que recuerda las más burdas apelaciones de la propaganda fascista.

La ofensiva gubernamental contra la prensa alternativa se inició el 18 de marzo con la ocupación y requisa por 11 horas de la vivienda de Ricardo González Alfonso, presidente de la Sociedad de Periodistas Márquez Sterling y director de la revista De Cuba. Las autoridades incautaron la computadora y los materiales de trabajo con que se confeccionaba la publicación, así como 200 copias del segundo número, que estaba comenzando a circular entre lectores de la Isla. Su director permanece detenido en la sede de la Seguridad del Estado.

La noche del 20 de marzo, la policía irrumpió en la casa de Raúl Rivero, vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información. Tras la confiscación de libros y fotografías familiares, Rivero fue arrestado en medio de un impresionante despliegue policial en su vecindario.

Según los reportes obtenidos, en la lista de periodistas arrestados durante los recientes operativos figuran además: Jorge Olivera (Habana Press), José Luis García Paneque (Agencia Libertad), Omar Rodríguez Saludes (fotoreportero), Víctor Rolando Arroyo, Miguel Galván, Edel José García (Norte Centro Press), Pedro Argüelles Morán (Cooperativa Avileña de Periodistas Independientes), Julio César Gálvez, Héctor Maseda, Manuel Vázquez Portal (Grupo Decoro), Oscar Espinosa Chepe, Adolfo Fernández Saínz, Enrique Mayo, Normando Hernández (Colegio de Periodistas Independientes de Camagüey), Fabio Llorente, Carmelo Díaz Fernández, Luis González Pentón y Juan Carlos Herrera Acosta.

Las autoridades gubernamentales afirmaron en una nota oficial que los detenidos serán sometidos a los tribunales y se aplicarán las leyes "con el rigor que sea necesario". La declaración los calificó de servidores de la política de Estados Unidos para justificar la asfixia económica y el aislamiento de Cuba, comparándolos incluso con la "fuerza mercenaria" que invadió por Bahía de Cochinos en 1961, "esta vez disfrazados de aparentes inofensivos corderos".

El canciller cubano Felipe Pérez Roque dijo que los arrestados enfrentarán los cargos previstos en las leyes cubanas para quienes han colaborado con una potencia extranjera y fabricado informaciones falsas para desestabilizar al país. Los periodistas independientes podrían ser juzgados bajo la llamada Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, de 1999, la cual establece condenas de hasta 20 años de cárcel para estos casos.