Lo increíble parece ser posible. El desenfreno represivo del Gobierno cubano llega por estos días a cotas inconmensurables con la celebración de juicios sumarísimos de claro corte inquisitorial y la consiguiente aplicación a pacíficos opositores

Looking at the sea (Luis Cruz Azaceta)

de condenas que alcanzan hasta los 28 años de prisión. Procesos, además, matizados por la "presentación" de varios agentes encubiertos, hasta ahora destacados líderes y periodistas independientes, que después de alimentar durante años las connivencias con los representantes norteamericanos y el exilio radical sirven ahora como remate acusatorio contra sus "ex compañeros" de lucha.

Ante el enorme rechazo internacional por la oleada represiva más grande de los últimos lustros, sin dar previa cuenta a la opinión pública nacional y con nulas garantías procesales y jurídicas  —al punto de promover condenas de esa dimensión en menos de 15 días y sin que los abogados defensores hayan podido apenas conocer los pormenores del caso—, se han montado estos procesos contra personas que sólo han cometido el delito de pensar diferente y manifestarlo con honestidad.

No se sabe si la escalada busca enrarecer aún más las siempre complejas relaciones con la clase política norteamericana en el poder, o pretende ser una clara señal disuasoria a cualquier expresión de descontento o disenso, muy naturales en las actuales circunstancias de crisis insoluble y esperanzas diluidas. De cualquier forma, ni siquiera las relaciones fluidas, privilegiadas o estrechas con los representantes oficiales del "vecino enemigo" justifican semejante desprecio por la integridad y los derechos de hombres y mujeres que luchan abiertamente, con un pacifismo y civilismo sin precedentes en nuestra región.

Las improntas represivas que en lo que va de año casi barren con toda iniciativa económica independiente, con gran parte del sector político alternativo y han llegado a la aplicación de la pena capital —rompiendo una muy bien vista moratoria de más de tres años— por reprobables delitos de piratería marítima que no implicaron, sin embargo, pérdidas de vidas humanas, parecen dejar bien claro que fuera de los estrechísimos marcos de la obediencia incondicional no hay garantía ni seguridad para nadie. Como hoy son unos, mañana pueden ser otros.

De igual forma, tales métodos y proyecciones parecen demostrar un preocupante desprecio por los posibles y necesarios espacios de inserción y cooperación internacional que parecían bastante cercanos. De manera alarmante e inexplicable, el Gobierno cubano alimenta las tradicionales contradicciones y dinamita los nuevos puentes.

Lo que ocurre por estos días en Cuba es doblemente trágico e inquietante: hacia dentro, personas acreedoras de importantes premios foráneos, líderes de instituciones miembros de organizaciones internacionales, como la Central Latinoamericana de Trabajadores o la Internacional Liberal, o directivos de otras no menos renombradas, como la Sociedad Interamericana de Prensa, son sometidos a largas condenas sin que los medios informativos nacionales digan una sola palabra; cuando las autoridades deciden dar su versión del asunto, no hay una sola voz o espacio público para exponer la verdad o la visión de los condenados.

Aun cuando las autoridades no parecen hacer mucho caso a los impactos exteriores de sus acciones, hacia fuera estos hechos han provocado una repulsa y rechazo sin precedentes, fundamentalmente de gobiernos, parlamentos y medios informativos e intelectuales. Baste señalar que hasta la Internacional Socialista, tradicionalmente tan cautelosa y lenta para señalar al régimen de La Habana, ha hecho un pronunciamiento explícito y directo.

Los objetivos del diseño gubernamental parecen claros; los alcances y consecuencias de sus acciones pueden ser imprevisibles. Algunas conclusiones parciales: en condiciones de poderes omnímodos y extrema intolerancia no es pertinente identificar automáticamente al enemigo del adversario como aliado principal, ni aconsejable imprimir —desde afuera— presión a la caldera de la confrontación y el aislamiento. Las tragedias humanas y los retrocesos políticos pueden ser muy costosos.

Más allá del necesario respeto a las libertades en sí, y a la integridad de los individuos, un cuestionamiento de índole política queda abierto: ¿Será posible que exista en Cuba un criterio divergente, autóctono, legítimo y limpio de "inconfesables deslices colaterales"? Si así fuere, ¿estaría el Gobierno cubano dispuesto a otorgarle el reconocimiento y los espacios que por derecho natural le corresponden?