El Gobierno cubano ha encarcelado a cerca de ochenta defensores de los derechos humanos y periodistas independientes, en una operación represiva de proporciones nacionales. Un día antes de comenzar los bombardeos a Irak, el Gobierno lanzaba una operación de terror que incluye los allanamientos en registros

Oswaldo Payá en las inmediaciones del Tribunal donde es procesado un grupo de disidentes.

durante muchas horas de los hogares de los pacíficos disidentes. Niños, mujeres y ancianos confinados en sus asientos mientras grupos de una o dos decenas de agentes saqueaban sus casas. Los agentes no dejan un sólo rincón de la intimidad de los hogares sin violar, desde las cartas personales y fotos familiares hasta los recuerdos de familia y todos los libros. Objetivo: el ultraje.

¿Dónde están las balas, los explosivos, los planes subversivos, los mapas de espionaje o las informaciones clasificadas, un plan de secuestro o de terrorismo, dónde una petición de intervención, dónde se ha descubierto una conspiración con el llamado "enemigo del norte", dónde una palabra de odio o una ofensa escrita? No encontraron nada de eso.

¿Qué encontraron? Algunas computadoras personales, algún equipo de fax, caricaturas de creadores independientes, libros prohibidos, documentos sobre el trabajo y  la organización de las organizaciones pacíficas, es decir, listas de miembros, planes y recibos de ayuda humanitaria, artículos de prensa, proyectos e ideas sobre los cambios pacíficos y, sobre todo, muchas boletas del Proyecto Varela firmadas por ciudadanos que, apoyados en la Constitución, están pidiendo un referendo para lograr los derechos fundamentales.

¿Quiénes son los detenidos? Líderes que promueven el sindicalismo libre, intelectuales que se atreven a decir lo que piensan y producen ideas libres, periodistas independientes, líderes de organizaciones que promueven los cambios pacíficos hacia la democracia y defienden los derechos humanos. Son más de setenta, entre ellos la casi totalidad de la dirección del Movimiento Cristiano Liberación, y cuarenta y dos activistas o coordinadores del Proyecto Varela. Hay que sumar once activistas de este proyecto que habían sido encarcelados en las semanas recientes.

La mayoría de los detenidos son activistas o coordinadores del Proyecto Varela, apoyado por decenas de miles de ciudadanos. Es obvio que una de las causas de esta asonada de terror es el auge del Proyecto Varela entre los ciudadanos. Es esta pérdida de miedo la que hace reaccionar con pánico al régimen. También de esta manera pretenden deshacerse de relevantes figuras del periodismo y de la disidencia, y desarticular todo el movimiento cívico dentro de Cuba.

Apenas una semana después comenzaron los juicios, calificados por los instructores policiales de sumarísimos. Ninguno de los enjuiciados ha tenido las garantías de un debido proceso. Muchos se enteraron de la fecha del juicio menos de veinticuatro horas antes. Los abogados no pudieron en su mayoría preparar una buena defensa. Se prohibió la entrada a los juicios a los amigos, a la prensa y a los diplomáticos. Sólo entraron uno o dos familiares cercanos al acusado, los testigos de la fiscalía y un público selecto, que consistía en agentes del Gobierno. Un gran despliegue de agentes de la Seguridad del Estado impedía que nos acercásemos, los que apoyábamos a nuestros hermanos injustamente juzgados, a los edificios de los tribunales. Se celebraron decenas de juicios simultáneamente en toda Cuba.

Centro de las acusaciones: Supuesta conspiración para anexar Cuba a los Estados Unidos, provocar la intervención armada de esa potencia en Cuba o derrocar al régimen establecido.