El mes pasado, los expeditivos magistrados de Fidel Castro impusieron, en juicios relámpago, larguísimas penas de cárcel (hasta de 28 años) a 75 miembros de la oposición interna, un tercio de los cuales ejercían el periodismo independiente. Las pruebas presentadas por los fiscales para convencer de que estos ciudadanos conspiraban a favor de una potencia enemiga (léase EE UU) —una de las pruebas era la colaboración de algunos de ellos con la revista Encuentro de la Cultura Cubana— evidencian que el delito por el cual se los juzgó y sancionó fue el de haber manifestado su desacuerdo con el régimen.

El único de los Diez aún en Cuba: La esposa de Raúl Rivero, Blanca Reyes, muestra una foto del poeta encarcelado.

Esto ha sucedido justamente en el duodécimo aniversario de la Carta de los Diez, documento que originó un caso de represión comparable al actual, pero con consecuencias mucho menos dramáticas.

En mayo de 1991, cuando en Cuba aún no existía la prensa independiente y el país se precipitaba en una severa recesión motivada por el desplome de la URSS —su gran ubre proveedora—, diez intelectuales cubanos (después se sumaron más) dimos a conocer un pliego de demandas urgentes dirigidas al Consejo de Estado y al Partido Comunista. Pedíamos, en primer lugar, un foro nacional, en el que participaran el Gobierno y las agrupaciones opositoras, para analizar la situación y diseñar democráticamente las reformas económicas y políticas que las circunstancias demandaban y aún demandan. También pedíamos elecciones directas a la Asamblea Nacional, supresión de las limitaciones migratorias que impiden a los cubanos viajar libremente, reapertura de los Mercados Libres Campesinos, amnistía para los presos políticos y que se solicitara ayuda a las Naciones Unidas para evitar la previsible escasez de medicamentos.

Copias de la Carta de los Diez, con las firmas de María Elena Cruz Varela, Roberto Luque Escalona, Raúl Rivero, Fernando Velázquez Medina, Manuel Díaz Martínez, Víctor Manuel Serpa, Manuel Granados, Bernardo Marqués Ravelo, Nancy Estrada Galbán y José Lorenzo Fuentes, fueron entregadas en el Consejo de Estado y en la sede del Partido Comunista, en La Habana. Otras se enviaron a la Coordinadora de Organizaciones de Derechos Humanos, en Miami, y a la Plataforma Democrática Cubana, en Madrid.

Una característica de las dictaduras es que no entablan debates con sus opositores. Se abroquelan en la amenaza, el insulto y la descalificación para evadir los duelos ideológicos, y terminan, o empiezan, situando a la policía, el patíbulo y la cárcel entre ellas y sus críticos. Franco acusaba a sus enemigos políticos de ser factores de una conspiración internacional judeo-masónica contra España. Castro hace lo mismo, pero sustituye la judeo-masónica por una conspiración anticubana promovida por la CIA y "la mafia de Miami". Hace doce años, como ahora a los 75 opositores y periodistas encarcelados, a los firmantes de la Carta de los Diez la dictadura nos acusó desde el periódico Granma, su principal órgano mediático, de ser agentes pagados por el Gobierno norteamericano, de ser los "herederos ideológicos del anexionismo". Para la dictadura, no éramos intelectuales preocupados por la compleja situación que vivía el país, y la nuestra "no era una verdadera propuesta para salvar a la Patria", sino "una traición, la más abyecta colaboración con los enemigos históricos de la nación cubana".

Entonces, igual que ahora ante los 75 presos y los tres fusilados, el régimen castrista esgrimió ante nosotros el embargo económico norteamericano y la eterna "inminente invasión" como las grandes justificaciones de sus actos represivos. Para el Gobierno y sus acólitos nacionales y extranjeros, el embargo es un mal supremo frente al cual toda bellaquería del Estado contra los derechos fundamentales de los cubanos —incluyendo el derecho a la vida— está justificada o pasa de execrable a excusable.

Casi todos los que firmamos la Carta sufrimos castigos inmediatos: varios perdieron sus puestos de trabajo, otros nos vimos expulsados de las Uniones de Escritores y Periodistas, y otros, además, fueron víctimas de "actos de repudio" en sus domicilios. Un poco más tarde, las cárceles se abrieron para recibir a Cruz Varela, Velázquez Medida y Jorge Pomar, acusados de desacato y rebelión. Menos Raúl Rivero, el único que se quedó en Cuba y al que acaban de condenar a 20 años de cárcel, y los ya fallecidos Manuel Granados y Víctor M. Serpa, hoy los demás firmantes de la Carta de los Diez seguimos en el exilio, contemplando cómo el régimen y su líder se desmoronan en la decrepitud total.