La Comunidad Autónoma de Andalucía, una de las más atrasadas del país, ha aprobado un decreto que regula la prestación de servicios del gobierno regional a través de Internet, y que permite que los ciudadanos realicen on line 35 trámites administrativos y tengan acceso a 45 servicios de información y atención. Para llevar adelante el proyecto, la Junta de Andalucía ha invertido este año más de 782.000 euros en la creación de los instrumentos que harán posible la tramitación de procedimientos en la Red, entre ellos la firma electrónica. Mientras unos gobiernos invierten recursos financieros en impulsar las nuevas tecnologías, como requisito sine qua non para enfrentar la alfabetización digital, otros erogan altas sumas en controles aduanales, policías electrónicos y cárceles para los denominados "ciberdisidentes".

Los programas "educativos" ejecutados por el régimen de Fidel Castro a partir de finales de los años 80, marchan en dirección opuesta al resto del mundo. Si bien el funcionamiento de los llamados Joven Club de Computación (JCC) ha constituido un paliativo para que algunos niños y trabajadores comiencen su familiarización con las tecnologías, su reducida capacidad de acción y acogida los ha convertido prácticamente en un cero a la izquierda. Y nunca mejor dicho. Lo más importante en su inoperancia es la ausencia de conectividad con la Red de Redes —la verdadera—, no esa eufemística Intranet que sólo une a sitios oficiales cubanos. Otro detalle no menos trascendente en la nulidad práctica de los JCC radica en su concepto: centros que ratifican la obsesión intervencionista de un Gobierno que grita a los cuatro vientos que incentiva el tema, y al mismo tiempo obstaculiza cualquier iniciativa personal, ajena a su santísima voluntad.

Castro persiste en responsabilizar a las carencias materiales de las restricciones en ese campo. La red de fibra óptica —que en estos momentos se instala de un extremo a otro del país— ha cumplido ya su tramo entre La Habana y Camagüey, y tiene como máxima aspiración llegar a Santiago de Cuba este año. Sin embargo, en ningún punto entre las ciudades conectadas por la "alta velocidad" ha variado la situación. El panorama de la capital es patético. Una y otra vez se suspenden las ventas de tarjetas de acceso al ciberespacio por causas "desconocidas". Dichas tarjetas son únicamente para extranjeros; los nacionales las obtienen ilegalmente a través de terceros, y pagan por ellas un precio de hasta 15 dólares por cuatro horas y media. En las instalaciones turísticas existe un servicio parecido, a cinco dólares la hora.

Inflación es la palabra de orden. El turista protesta, lógicamente, pues por ejemplo, en España, una hora de conexión cuesta 60 centavos en una ciudad pequeña, y 1.50 en una grande. El salario mínimo interprofesional español es de 420 euros. En Brasil supone un euro, donde el salario mínimo de un empleado del hogar es de 100 euros. En ambos casos se han considerado los precios de cibercafés para el público, pues las superconexiones de 24 horas —personales y domésticas— resultan aún más baratas: en España 39 euros por mes; en Brasil, 30.

Un informe sobre Cuba de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF, abril 2003) señala que las nuevas tecnologías y el acceso a Internet "han generado un pequeño mercado negro de la Web, todavía marginal pero ya organizado. Algunos de los que tienen derecho alquilan sus login y contraseñas, por una cantidad en torno a los 60 dólares mensuales (equivalente a seis meses de salario medio). Otros acogen a los internautas en su propio punto de acceso, y facturan el tiempo de conexión". RSF se hace eco del "rumor de que algunos internautas han introducido en la Isla parabólicas y módems, que les permiten recurrir al servicio de proveedores de acceso norteamericanos por satélite (como Starband o DirecPC), y pagan la cuota a través de sus relaciones en Estados Unidos (del orden de 500 dólares la cuota de entrada, y 100 dólares al mes)".

A estas alturas del juego, el cubano sigue demostrando por qué no se ha muerto de hambre en un entorno tan represivo y agreste. Pero el daño —a mediano y largo plazos— que el gobierno le está ocasionando a la sociedad podría ser irreparable, en un mundo que hoy duerme con un tipo de Pentium y amanece con otro.