Hace un par de años, el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS), con sede en La Habana, llegó a la conclusión de que más del noventa por ciento de las familias cubanas incurren en delitos como única alternativa para remediar sus necesidades básicas. Lo elevado de la cifra no puede sorprender a nadie que haya palpado de cerca las cosas y casos de casa. Más bien resulta extraño, por no decir poco creíble, que casi diez entre cada cien ciudadanos de la Isla no aparezcan reflejados en ese por ciento de infractores del orden y la moralidad.

Jerarquía política: ¿Del 90 o el 10%?

¿Quiénes son los que faltan? ¿De qué viven? ¿A qué se dedican? ¿Cómo se las arreglan para llevar a cabo tamaña proeza? O en última instancia, ¿por qué razón el CIPS no incluye este número —digamos minoritario— en la lista de cubanos que se ven precisados a comprar, vender, conseguir, cambiar algo ilícitamente, o a enredarse en cualquier otro tipo de evolución de emergencia contemplada como delito en el Código Penal vigente hoy aquí?

Las respuestas no están en los informes del centro en cuestión, y es muy poco probable que puedan ser extraídas de los resúmenes de cualquier estudio que realicen otras instituciones especializadas, con todo y el debido respeto a su ciencia y su paciencia. Menos aún hay que buscarlas en la retahíla de datos y tablas estadísticas con que suelen adornar los cubanólogos sus doctas tesis. Tampoco están en el viento, no más faltara, sino en la vida misma, en el tute a tute del roce cotidiano y en la atención al testimonio vivo —con los pies en la tierra— de la gente que sufre, padece y aun cuando no lo grite a voz en cuello, sabe del origen de sus calamidades hasta dónde el jején puso el huevo.

A partir de esta fuente y con la venia de sociólogos y psicólogos, por la carga de empirismo que puedan contener las conclusiones, no resulta muy difícil hallarle ubicación a ese casi diez por ciento de los cubanos que no integra el cuadro confeccionado por el Departamento de Estudios sobre la Familia, del CIPS.

Para empezar, junto a los pobres más pobres, que somos casi todos, hay que incluir en la tabla de los infractores a la gran mayoría de religiosos y demás entes tranquilos, respetables, apegados al orden, que, no obstante ser honrados por formación, estarían impelidos a serlo por los mandamientos de su dios, su conciencia o su grupo afín. Pero es que la barriga no fía.

De modo que a lo más que pueden aspirar estos incólumes señores es a bajar la frente y masticar, con más o menos bochorno, cuando a mediados de mes se les sirve a la mesa los alimentos que —se sabe muy bien— no pudieron ser adquiridos mediante la libreta de racionamiento, ya que ésta no satisface más que una mínima parte de lo requerido para mantenerse vivo; ni tampoco pudieron ser comprados "legalmente" en el mercado en divisas, pues los dólares, cuando hay, alcanzan sólo para el aceite, el jabón y otras simplezas de primera demanda.