Desde las primeras confiscaciones de propiedades por parte del actual desgobierno de Cuba, y a pesar de que verbalmente se dirigieron sólo a "los monopolios extranjeros, los explotadores vinculados a la tiranía, etc.", se limitaron de manera drástica las posibilidades de que los ciudadanos pudieran ejercer de forma libre, no ya actividades económicas complejas, sino hasta un simple oficio.

Plaza de la Catedral de La Habana.

El proceso de expropiación que tuvo su guillotinazo final el 13 de marzo de 1968, con la promulgación de la "Ofensiva Revolucionaria", permitió al Estado cubano no sólo el monopolio de la pequeña propiedad, sino también del trabajo ajeno.

No fue hasta mucho después —últimos años de los setenta y los dos primeros años de la década siguiente— que se otorgaron licencias para el desarrollo de actividades de trabajo por cuenta propia. Hasta esa fecha, sólo se mantuvieron como trabajadores independientes los pequeños agricultores —soportando las presiones para la entrega de las tierras a las cooperativas y con la comercialización de sus productos también monopolizada por el Estado— y algunos sectores de transportistas, que a duras penas subsistían.

"Merolicos", el término con el que comenzaron a conocerse en esta etapa a los nuevos comercializadores urbanos, fue un bautismo popular adoptado de la terminología mexicana, popularizado por un bodrio de telenovela de la época: Gotita de gente.

Como llegó a ser regla no escrita, la tendencia de las diferentes manifestaciones del trabajo "cuentapropista" derivaron, por una parte, hacia la producción y comercialización de útiles de todo tipo, y por otra, hacia la producción artesanal "artística". La primera, bajo control de los órganos económicos del Poder Popular y sus cuerpos de inspectores; la segunda, en el entorno de la Plaza de la Catedral, predio de Eusebio Leal.

En esta primera ola "liberalizadora", cuando llegó el momento de "recoger cordel", los primeros chivos expiatorios fueron los artesanos; antes, incluso, que se declarara por decreto la extinción del Mercado Libre Campesino.

La Operación macramé llevó a prisión en 1981 a numerosos artesanos, zapateros fundamentalmente, que vieron asaltados sus hogares por la policía, en horas de la madrugada —en franca violación de la Ley de Procedimiento Penal que proscribe los registros en horarios nocturnos y sin testigos, como fue el caso—, sólo antecedidos de una pregunta: "¿Vive en la casa algún militante del Partido (comunista)?". Una respuesta en positivo invalidaba automáticamente la actuación policial.

Mucha gente fue a parar a prisión por ejercer con licencias de producción que no eran acompañadas, al momento de su emisión, por los mecanismos de comercialización de materias primas, indispensables para su puesta en marcha. Así, la inducción al delito por parte de las instituciones estatales terminó como siempre, rompiéndose por la parte más débil de la cuerda.

Sólo mucho tiempo después, y apremiado por la más profunda crisis de su accidentada historia, el actual gobierno (¡Qué eufemismo, si desde que tenemos memoria es el mismo!) autorizó el renacer del trabajo privado.